Globalización

Las constituciones nacionales suelen emplear un lenguaje abierto a las interpretaciones debido a la necesidad incluir una variedad de casos posibles mucho mayor que cualquier ley. Mucho más cuando se trata de una constitución, como la de Estados Unidos, escrita hace más de dos siglos por gente que no tenía ni idea de la realidad actual. Por esta razón, la constitución es leída como cualquier texto religioso con miles de años de antigüedad: su sacralidad y oscuridad crecen con el tiempo, por lo cual la lucha teológica y política se concentra en su interpretación.

En las repúblicas, esa interpretación está administrada por los congresos y, en última instancia, por las cortes supremas―ambas instituciones profundamente políticas, a pesar de la necesidad de sacralidad de presentar esta última como un cuerpo compuesto por técnicos imparciales de la ley, algo que se refuta solo desde los debates partidarios para la elección y confirmación de sus miembros.

¿Cómo manipular y cristalizar el significado de una línea de la constitución que afectará la vida y la muerte de millones de personas por generaciones? Los poderosos lobbies de Estados Unidos lo explican muy bien con ejemplos y éxitos concretos: como en la historia de cualquier secta marginal que se convierte en dominante, como en la historia de cualquier religión que se mantiene en el poder político por siglos, básicamente se trata de una lucha desigual por el capo semántico (ahora conocida como “batalla cultural”). Suele llevar un buen tiempo, pero los lobbies no carecen de organización ni de dinero ni de una paciencia religiosa que va más allá de las ansiedades de los pequeños negocios.

Veamos el relevante caso de la Segunda Enmienda. Según la Corte Suprema de 1939 (Estados Unidos v. Miller, 307 U.S. 174), la protección de la posesión de armas de la Segunda Enmienda se aplicaba a la membresía en “una milicia bien regulada” en lugar de un derecho individual. El incremento de la violencia en las calles durante los años 60 llevó a una mayor regulación de las armas de fuego limitando la posesión a drogadictos y personas con problemas psiquiátricos, lo cual produjo una reacción del lobby en los 70. A partir de entonces, la Asociación Nacional del Rifle (NRA) comenzó a crear archivos de cada miembro del Congreso y de la Casa Blanca “utilizando datos computarizados para ejercer influencia sobre los funcionarios electos”. Según una reciente investigación del New York Times, un documento interno de la NRA fechado en abril de 1983 estableció el objetivo a largo plazo y la estrategia inmediata: “cuando un caso de control de armas llegue a la Corte Suprema, queremos que los secretarios de los jueces encuentren antecedentes existentes de artículos de revisión de leyes y casos de tribunales inferiores que defienden los derechos individuales”. En un informe interno de ese mismo año, el NRA identificó a sus principales enemigos: “universitarios, intelectuales, políticos, educadores, religiosos y también, hasta cierto punto, líderes comerciales y financieros del país”.^[i]

No todos los políticos eran enemigos de la NRA. Algunos estaban en sus directorios, como el congresista John D. Dingell Jr., representante de Michigan en Washington por 56 años, bancada que meritoriamente heredó de su padre. Esto es posible debido a que, según la legislación, los legisladores pueden servir como directores no remunerados de organizaciones sin fines de lucro. El NRA está clasificado por el gobierno como una “organización de bienestar social” sin fines de lucro.

En diciembre de 1963, luego del asesinato de Kennedy con un rifle comprado a través de una publicidad de la NRA, Dingell advirtió en una audiencia sobre “un creciente prejuicio contra las armas de fuego” y defendió la compra de armas por correo. Diez años después, desde el Congreso, afirmó la necesidad de usar “todos los recursos disponibles en todos los niveles para influir en el proceso de toma de decisiones” a favor del lobby de las armas.^[ii]

Finalmente, en 2008, el lobby sobre el lenguaje social y mediático llegó a la crítica literaria de la Corte Suprema que estableció la posesión de armas como un derecho individual, lo que obligó a todos los tribunales desde ese nivel hacia abajo a aceptar la nueva interpretación conservadora. En 2022, la Suprema Corte (con mayoría de miembros elegidos por presidentes conservadores, alguno de los cuales fueron criticados por recibir regalos y favores de sus amigos millonarios), determinará que es inconstitucional limitar el derecho portar armas en público en base a una razón específica, como lo había hecho el estado de Nueva York.

Sin contar el tráfico legal e ilegal de armas hacia países como México, actualmente, solo en Estados Unidos existen 400 millones de armas de fuego en manos de civiles. La cantidad de rifles tipo AR-15 pasó de 400.000 en 2006 a 2,8 millones en 2020. Todo en nombre de la libertad y la correcta interpretación de una línea de un texto escrito en 1791.

Jorge Majfud

Notas:

^[i] McIntire, Mike. “The Secret History of Gun Rights: How Lawmakers Armed the N.R.A”. The New York Times, 30 de julio de 2023, Sección 1, P. 1.

^[ii] Idem.