Globalización

El decreto ejecutivo que estableció la eliminación del subsidio a la gasolina extra y el diésel en Ecuador tiene sus primeras consecuencias hoy en la transportación pública y los mercados.

Mientras el gobierno nacional insiste en minimizar la incidencia de la medida, que permitió liberar los precios de esos combustibles utilizados principalmente por taxistas, ómnibus urbanos y vehículos de carga, en las redes sociales crecen las denuncias de alza en los valores de productos de la canasta básica y de los buses, en algunas ciudades.

Las alteraciones en los precios se dan en medio de una cruzada informativa del ejecutivo, en la cual anuncia el compromiso de luchar contra la especulación y de manifestaciones populares contra la eliminación del subsidio y otras reformas tributarias y laborales, consideradas neoliberales y un paquetazo contra el pueblo.

En el tema transporte, las instituciones relacionadas con el sector se encargaron de definir, recientemente, un tope al posible incremento de las tarifas de los pasajes.

Basados en análisis de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la Secretaría General de Comunicación emitió un Boletín, según el cual se justifica un alza de mínimo cinco centavos de dólar y máximo 10.

La medida especifica que no habrá variación en el caso de estudiantes, personas de la tercera edad y con discapacidad.

‘Serán los municipios los encargados de ratificar las tarifas vigentes en su cantón, en función de sus competencias’, indica el comunicado oficial.

En reacción al anuncio, en Guayaquil, por ejemplo, la alcaldesa Cynthia Viteri afirmó que le corresponderá al gobierno, responsable de eliminar el subsidio al combustible, establecer las nuevas tarifas.

‘(?) Esta circunstancia sui géneris, no nos permite ejercer, en términos normales y reales, nuestra competencia de fijar la tarifa de manera responsable y autónoma’, afirmó la dignidad en un pronunciamiento oficial.

Aunque no se ha establecido un valor, en redes sociales circulan imágenes de buses que elevaron a 40 centavos la tarifa regular de 30, fijada en esa urbe portuaria.

Mientras, en Quito, a pesar de que los transportistas depusieron el paro realizado durante dos días (jueves y viernes pasado), el fin de semana aún no se normalizaba la situación para la modalidad urbana, ni interprovincial.

‘Quieren eludir sus responsabilidades. Constitucionalmente corresponde a los municipios determinar el valor del transporte urbano. Vivimos el descalabro constitucional más brutal de las últimas décadas, al típico estilo socialcristiano’, advirtió sobre la situación el expresidente de la república, Rafael Correa.

Además de los problemas del transporte, los mercados dedicados a la venta de alimentos también comenzaron a vivir cambios en los precios de las mercancías a nivel mayorista, lo cual redundará en la mesa de la familia ecuatoriana.

Vendedores en distintos puntos denunciaron la subida de los precios de frutas, vegetales y carnes, entre otros productos de primera necesidad.

En varios videos que circulan en Twitter y Facebook, los comerciantes cuestionan cómo podrán mantener sus tarifas, si los valores de adquisición para ellos han aumentado de la noche a la mañana.

De acuerdo con las disposiciones del gobierno, corresponde a las autoridades provinciales, garantizar el control necesario para evitar especulaciones, al tiempo que se estableció una línea segura para denuncias cuando se observen alzas.

En esa misma línea, se desarrollan operaciones y revisiones en los centros de venta mayorista, para frenar esas nuevas acciones, pero la realidad latente en las calles dista de la publicidad que televisoras, emisoras de radio y sitios oficiales del gobierno difunden, sobre las medidas adoptadas.

Sin lograr convencer a una parte considerable de la sociedad, el ejecutivo se enfrenta hoy a sectores decididos a mantenerse en pie de lucha contra las reformas económicas y por una administración que en realidad represente los intereses de los más vulnerables, por lo cual se votó en las urnas en 2017, cuando Lenín Moreno se alzó con la presidencia de la república.

Sinay Céspedes Moreno