Los problemas con la orden de Trump sobre separaciones familiares

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Tras la gran indignación generada por la separación de familias de inmigrantes, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó hoy una orden para detener esa práctica, pero la medida deja fuera a quienes ya la sufrieron.

Después de días de movilizaciones, cartas de líderes religiosos, condenas de organizaciones internacionales y cuestionamientos en los medios de prensa y las redes sociales, el mandatario republicano rubricó el texto titulado Proporcionar al Congreso una oportunidad para abordar la separación familiar.

Según ese documento, permanecerá sin cambio la política de tolerancia cero que dio origen a la retirada de niños del lado de sus padres, la cual se aplica desde mayo pasado y establece que cualquier detenido al cruzar la frontera ilegalmente será arrestado y acusado con cargos criminales.

El cambio que supone la orden ejecutiva es que los hijos de inmigrantes indocumentados en esa situación no serán alejados de sus progenitores, sino que estarán detenidos juntos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Al respecto, el decreto exige que muchas agencias, incluido el Pentágono, pongan a disposición ‘instalaciones existentes’ o las construyan, a fin de que el DHS las utilice ‘para la vivienda y el cuidado de las familias extranjeras’.

Sin embargo, el diario The New York Times informó que, de acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que tiene bajo su cuidado a los más de dos mil 300 menores ya separados de sus padres, la administración decidió que estos no serán reunificados.

El medio citó a Kenneth Wolfe, vocero de esa agencia federal, y explicó que la orden ejecutiva firmada este miércoles no se ocupó de las familias ya separadas, sino que se aplicará solo a las que lleguen en el futuro.

Los niños que están bajo la custodia del Departamento pasarán por el proceso estándar, mediante el cual el Gobierno intenta encontrar un padre u otro pariente cercano que ya esté en Estados Unidos y pueda cuidarlos y llevarlos a sus procedimientos judiciales de inmigración.

Al mismo tiempo, el documento apuntó que en lo adelante será el DHS el que estará a cargo de las familias durante el periodo requerido para su proceso en la corte, por acusaciones como ingresar ilegalmente a Estados Unidos y para revisar sus solicitudes de inmigración.

En este caso aparece otra de las alertas en torno a la acción presidencial, pues estos procedimientos pueden tomar meses, incluso años, y el acuerdo legal conocido como Flores, de 1997, prohíbe al Gobierno mantener a los niños detenidos, aun con sus familias, por más de 20 días.

Por eso, la orden manifiesta que el fiscal general del país deberá presentar rápidamente una solicitud ante el tribunal del Distrito Central de California para modificar esa sentencia de una manera que permita retener juntas a las familias extranjeras mientras se tramitan los procesos.

De ahí que funcionarios del Gobierno llamaron a la orden una medida provisional, y se negaron a decir qué harían con los niños migrantes al cabo de tres semanas, en caso de que no obtener una exención de la corte o una nueva ley en el Congreso que elimine ese límite temporal.

La administración ha argumentado que el acuerdo Flores los obligó a separar a los niños de sus padres debido a la restricción de los 20 días.

Ante ese margen, los gobiernos pasados en su mayoría escogieron liberar a los padres con sus hijos en espera de audiencias civiles, y no proseguir con procesos penales ni acciones de deportación civil, como sí decidió hacer el actual ejecutivo.

Dados el contenido y las condiciones de la nueva orden, se espera que grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes interpongan acciones judiciales.

Líderes de entidades de ese tipo ya se pronunciaron al respecto, como la directora de Movimiento Puente, de Phoenix, Arizona, Francisca Porchas, quien dijo en una conferencia de prensa que lo aprobado por Trump ‘no es reunificación familiar, es encarcelamiento familiar’.

Señaló que la acción presidencial institucionaliza el encarcelamiento de quienes cruzan la frontera en busca de refugio y asilo, y advirtió que ‘no es ninguna victoria; no es ninguna solución’.

Estamos firmemente en contra de la orden porque continuará deteniendo niños. Solo se usa como un truco político para parecer más ‘compasiva’, manifestó, a su vez, Cesar Espinosa, director ejecutivo de Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha, con sede en Houston, Texas.

Por su parte, el abogado Peter Schey, quien representó a los demandantes en el caso Flores, sostuvo en un comunicado que el documento ejecutivo es engañoso y deshonesto, y muestra el desorden total de la política de Trump con respecto a los niños inmigrantes detenidos.

Agregó que planea pelear contra la administración en el tribunal y buscar una orden para la reunificación inmediata de las familias.

Martha Andrés Román

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