Globalización

Los puertorriqueños están llevando a cabo una campaña de doble frente de protestas callejeras y cabildeo formal para oponerse al gran despliegue naval de Estados Unidos en la isla del Caribe. Mientras las organizaciones de la diáspora solicitan formalmente al Pentágono que detenga toda expansión militar en la isla, activistas en San Juan han salido a las calles para resistir el aumento de buques de guerra y aviones avanzados que ven como parte de una política exterior estadounidense más amplia y coercitiva, que se niegan a apoyar, desafiando así el uso militar de la isla como base estratégica avanzada.

Una coalición de nueve grupos de la diáspora puertorriqueña y estadounidense ha solicitado formalmente al secretario de Defensa estadounidense, Peter Hegseth, que detenga toda expansión y actividad militar reciente en el territorio estadounidense no incorporado de Puerto Rico. En una carta, las organizaciones argumentaron que eliminar la presencia militar estadounidense sería una medida audaz para reducir la dependencia de la isla, evitar conflictos políticos innecesarios y fomentar un futuro basado en el respeto mutuo y la paz duradera. Citaron el precedente histórico del exitoso movimiento que forzó el cierre de la base naval en Vieques tras la muerte de un civil en 1999, advirtiendo que el pueblo puertorriqueño está dispuesto a actuar de nuevo si continúa la militarización actual.

Esta demanda surge en medio de un importante aumento militar estadounidense en el Caribe, vinculado a tensiones regionales y operaciones antidrogas, con instalaciones militares experimentando una renovada actividad. Aunque el aumento cuenta con el apoyo de algunos funcionarios locales puertorriqueños, se enfrenta a la oposición del Partido de la Independencia de Puerto Rico, activistas locales y organizaciones de la diáspora. Entonces, los grupos de la diáspora abogan por un cese inmediato de las actividades militares, la suspensión de los planes de expansión y una limpieza ambiental completa de los antiguos emplazamientos militares en todo el territorio.

Resistiendo La Remilitarización Estadounidense

En una muestra de solidaridad y rechazo a que Puerto Rico forme parte de cualquier despliegue militar, diversas organizaciones pertenecientes a la Red de Solidaridad con Venezuela en Puerto Rico protestaron hoy frente al juzgado federal de Estados Unidos en San Juan. La acción, a la que se unieron una docena de grupos, se presentó como un recordatorio de que “Venezuela no está sola” frente a lo que los manifestantes calificaron como una política estadounidense de intimidación militar bajo el presidente Donald Trump. Su objetivo central era defender a Venezuela y al gobierno constitucional de Nicolás Maduro de la agresión imperialista, denunciando específicamente las ejecuciones extrajudiciales de pescadores caribeños y la incautación de petroleros.

Los oradores en la protesta rechazaron vehementemente la premisa de una intervención militar estadounidense, argumentando que tales acciones están motivadas por el deseo de controlar el petróleo y otros recursos de Venezuela, no por preocupaciones antidrogas. La coalición participante, que incluía grupos feministas, nacionalistas, de derechos humanos y antibélicos, enfatizó que su solidaridad era un acto de apoyo entre pueblos, trascendiendo divisiones específicas y exigiendo sensibilidad y sobriedad racional.

El reciente despliegue militar estadounidense en el Caribe representa una proyección de fuerza significativa y multifacética, centrada en las capacidades de los grupos de ataque de portaaviones y los recursos de respuesta rápida. La pieza central es el USS Gerald Ford, el portaaviones más avanzado de la Marina, que sirve como base aérea móvil y centro de mando. Su ala aérea incluye avanzados cazas furtivos F-35B Lightning II, capaces de despegues cortos y aterrizajes verticales, junto con F/A-18 Super Hornet. Esta presencia naval se ve reforzada por aproximadamente una docena de buques de guerra de apoyo. El despliegue también cuenta con un contingente considerable de alrededor de 15.000 efectivos, apoyados por aviones AC-130 de ataque, aviones cisterna KC-130J Super Hercules para reabastecimiento aéreo, aviones de transporte C-130 Hercules y drones de vigilancia. Esta fuerza consolidada, operando desde ambas plataformas marítimas, había remilitarizado y reactivado bases terrestres como Roosevelt Roads en Puerto Rico, que está posicionada para llevar a cabo una amplia gama de misiones, desde el dominio aéreo y la patrulla marítima hasta la proyección de poder y apoyo a operaciones especiales en toda la región.

Dependencia Colonial Disfrazada De Salvación Económica

La última estrategia de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, en medio de su desastroso mandato es impulsar la remilitarización y aumentar la dependencia de Puerto Rico de la inversión militar estadounidense. Ella y el partido al que pertenece, el PNP, que son a favor de la estadidad, cuentan con Elmer Román, que supervisa estos asuntos, como pieza clave para lograr este objetivo. Elmer Román, como exsecretario de Estado de la isla y ex Secretario de Seguridad Pública, juró el cargo como subsecretario adjunto principal de Energía, Instalaciones y Medio Ambiente de la Marina de los Estados Unidos. Y según fuentes en Washington, está en medio de una campaña discreta y discreta para orquestar esta remilitarización, que implica planificar, diseñar y construir infraestructuras en bases militares para fortalecer el dominio militar estadounidense.

En Puerto Rico, la reciente expansión militar estadounidense ha reabierto profundas y dolorosas fisuras históricas en la isla. El despliegue de buques de guerra avanzados y el aumento de personal en las instalaciones navales de la isla evocan un pasado militarizado y tenso, donde vastas posesiones militares, contaminación ambiental, maltratos, agresiones de soldados estadounidenses ebrios contra mujeres puertorriqueñas y la interrupción social definieron la presencia estadounidense durante décadas. La acumulación desafía directamente el legado de una victoria arduamente lograda por la sociedad civil puertorriqueña, que logró movilizar con éxito la expulsión de la Marina de Vieques y Culebra tras prolongadas protestas contra ejercicios de bombardeo que dañaron la salud, la ecología y la soberanía. Ahora, a medida que los cálculos geopolíticos provocan un renovado aumento de la actividad militar, la población está marcadamente dividida, ya que algunos, principalmente de las facciones estadistas, la ven vital para la inversión económica y la seguridad regional, mientras que otros la condenan como la reimposición de un pasado militarizado, temiendo el regreso de una época dolorosa que muchos creían cerrada.

El argumento de que un aumento del gasto militar constituye una “inyección crítica” de empleos e inversiones es un espejismo peligroso, confundiendo la actividad económica temporal con un desarrollo genuino y sostenible. Este modelo es fundamentalmente extractivo y de naturaleza neofeudal, ya que no construye capacidad local ni diversifica la economía de la isla, sino que refuerza una dependencia debilitante de un único sector federal volátil. Los empleos creados suelen ser especializados, destinados a personal importado, o son puestos de servicios de bajo salario que no logran catalizar la prosperidad más amplia. Además, esta “inversión” no es en el futuro autodeterminado de Puerto Rico, sino en su utilidad como plataforma estratégica, asegurando que la economía de la isla permanezca atada y distorsionada por los caprichos geopolíticos de Washington.

El verdadero desarrollo no se mide por un pequeño número de nóminas transitorias o contratos de construcción mediocres, sino por la salud a largo plazo, la soberanía, los flujos eficientes de producción e inversión y la resiliencia de una sociedad. El legado militar de profunda contaminación en Vieques, Culebra y otros lugares, una crisis sanitaria pública en curso, demuestra que el coste de esta llamada inversión es catastróficamente alto, cargando a las futuras generaciones con tierras envenenadas y enfermedades. El desarrollo real invertiría en reconstruir la deteriorada infraestructura civil de Puerto Rico, fomentar la independencia energética renovable, fortalecer su sector agrícola y apoyar ecosistemas educativos y emprendedores propiedad y liderados por puertorriqueños.

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Miguel Santos García es un escritor y analista político puertorriqueño que escribe principalmente sobre la geopolítica de los conflictos neocoloniales y las guerras híbridas en el contexto de la cuarta revolución industrial, la nueva guerra fría en curso y la transición hacia la multipolaridad. Visite su blog aquí.