Globalización

A mediados de agosto el poderoso grupo de cerca de 200 presidentes y directores de las más grandes empresas de Estados Unidos, que forman a título personal el grupo de cabildeo llamado The Business Roundtable, emitió una declaración de propósitos en la que propone replantear la prioridad de la llamada primacía del accionista.

Este objetivo coloca como fundamento la idea de que las empresas deben servir de modo prioritario a los dueños del capital. Se situó firmemente como credo de la gestión empresarial a partir de un artículo de Milton Friedman (The NYT Magazine, 3/9/70) que se titulaba, sin titubeos, La responsabilidad de los negocios es acrecentar sus utilidades.

Pues ahora los miembros de este grupo de superélite declaran que tal objetivo es sólo uno, pues añaden a clientes, trabajadores, proveedores y las comunidades donde operan. Del gobierno no se dice nada.

Esta declaración no puede ser más que sumamente controversial. Un asunto, entre muchos otros, lo ilustra. Un artículo de The Atlantic (agosto de 2019) señala que, según los datos de la Reserva Federal, en los últimos nueve años las corporaciones han destinado recursos del orden de 3.8 billones de dólares (según nuestra medida) para recomprar sus propias acciones, lo que supera a cualquier otro inversionista, sean individuos, fondos mutuales y de pensiones o inversionistas extranjeros, combinados todos ellos.

El argumento convencional es que mediante la recompra disminuye el número de acciones en el mercado, lo que incrementa el precio de cada una de ellas y beneficia a los accionistas que permanecen.

Pero un estudio ha mostrado que son precisamente quienes dirigen las empresas los que más se han beneficiado de las recompras. Se observó que, en promedio, venden en esos momentos muchas más de sus acciones que en situaciones normales y se aprovechan así del mayor precio que en el corto plazo ellos mismos provocan cuando anuncian la recompra.

Así es que la flamante declaración que propone circunscribir la primacía de los accionistas fue recibida con gran escepticismo de todas partes.

Este asunto se inserta en un debate que data de la década de 1950 en Estados Unidos.

En términos generales puede enmarcarse en la disputa de la relación asimétrica que existe en términos del control efectivo de una corporación, o sea, entre quienes administran y quienes son dueños de las acciones.

La situación indica que de modo creciente quienes están a cargo del management ejercen el control, frente a un amplio conjunto de accionistas con una capacidad efectiva diluida. Este es el caso del Business Roundtable, que son enormes empresas públicas que listan sus acciones en la bolsa de valores.

Una de las reacciones ante este control es la del llamado activismo inversor, que alienta la influencia de los accionistas en el comportamiento de una empresa ampliando sus derechos como dueños de una parte del capital. Esto tiene que ver con la debilidad que usualmente enfrentan los accionistas minoritarios en una empresa.

Una de las formas en que se ha planteado la cuestión del control y fin social de las empresas ha puesto de relieve la transición que ha ocurrido desde lo que se consideraba como los encargados de la organización hacia los que preferentemente realizan las transacciones.

Este cambio ha sido impulsado hasta el extremo por el proceso de financiarización, que implica el uso extendido del endeudamiento en las empresas superando con creces al capital del que disponen, es decir, el apalancamiento. Y también el hinchamiento de los mercados financieros mediante operaciones cada vez más especulativas, como se manifestó en la crisis de 2001 y de modo más profundo en 2008. Ésta ha provocado que buena parte del poder económico esté hoy asentado en las grandes empresas financieras, lo que repercute ineludiblemente en el uso del capital con una mayor centralización y concentración.

La declaración del Business Roundtable se inserta en las crecientes críticas al sistema de producción y distribución: la deslocalización de la actividad económica, la preminencia de los servicios, la precariedad del empleo y, en general, de la ocupación y la enorme brecha de la desigualdad.

Consignemos el hecho por ahora. La iniciativa exhibe cuando menos el debate sobre las contradicciones del desenvolvimiento social en curso. Probablemente sea sólo una llamarada de petate.

León Bendesky