Globalización

Las políticas oficiales contra la delincuencia juvenil se enfrentan a la dura y complicada realidad nacional, con resultados contrapuestos. En el año 2022 enfrentaron cargos por diversos delitos 3,413 adolescentes, casi un 50% menos que en 2017 -de acuerdo con el INEGI-.

Sin embargo, en esos cinco años se fue al doble la sanción con internamiento –por la gravedad de los delitos- al pasar del 17% al 30.2% (violación, homicidio, portación de arma, lesiones y posesión de drogas).

En sí mismas, las estadísticas de la Encuesta Nacional del INEGI (ENASJUP, marzo 2023), abundantes en datos reveladores, reflejan un problema grave, pero la realidad es de mayor impacto, cuantitativamente.

Cabe señalar que de los jóvenes que enfrentaron cargos, en 2022, el 47.4% tenían entre 18 y 22 años de edad; mientras que un 31% tenían entre 16 y 17 años. Es decir que sumados arrojan un 78.4% de jóvenes delinquiendo en la edad más definitoria de sus vidas.

Lo cierto es que algo mal están haciendo las más altas autoridades, de gobierno y académicas.

Mucha razón tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al señalar que la criminalidad tiene que atenderse en sus causas. Con ese enfoque estableció su programa “Jóvenes construyendo el futuro”, consistente en otorgar becas monetarias a los beneficiarios mientras se capacitan laboralmente.

Esa política ha sido acompañada de otros programas sociales encaminados a los mismos objetivos de atender en salud y educación a la población en general y en particular a los adolescentes.

En paralelo y bajo la perspectiva presidencial, congruente con su filosofía de atender la criminalidad desde sus causas, el presidente estableció su política anticrimen de “Abrazos, no balazos”.

Si bien resulta plausible este enfoque humanista del presidente, y es sostenible en el debate, es un hecho que la criminalidad juvenil no solo persiste en sus cifras históricas, con rasgos preocupantes en general, sino  que en otros aspectos se ha incrementado.

Al margen de inclinaciones ideológicas y políticas, es urgente la participación de la sociedad y la apertura del gobierno para un replanteamiento, no del enfoque anticrimen -humanista- sino de los “cómo”, que implica toda política por bien intencionada que parezca.

Como anticipo y a reserva de lo dicho por los especialistas, parece que en una parte importante se trata de invertir mayores recursos económicos enfocados a educación y capacitación, a salud, recreación y deporte. Todo lo cual, sin dejar de lado los ajustes en el enfoque de la política de readaptación social.

La inversión no solo es necesaria y urgente, sino el único camino del país para avanzar en la reconciliación y en el progreso material. Como sociedad, lo peor sería “olvidar” la situación de nuestros adolescentes y mirar para otro lado, mientras ellos crecen y nuestro problema de inseguridad se complica.

Mouris Salloum George

Mouris Salloum George: Director del Club de Periodistas de México A.C.