El pasado 26 de septiembre se cumplieron nueve años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y ese mismo día, como cada 26, miles de personas se congregaron en plazas y edificios de Gobierno en el país, para exigir justicia y verdad.
El grito colectivo que señala ¡fue el Estado!, no es un encono irracional como podría interpretarse que se acusa desde el actual poder criminalizando a los padres-madres y a los jóvenes desaparecidos, ese grito, que incomoda, nace de la realidad que el propio Gobierno Federal ha tenido que aceptar, con gusto o sin él.
Tras la presentación del Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) un sentimiento de desanimo pudiera impregnarse en el aire que rodea este caso de lesa humanidad, un poco más de lo mismo acompañado con datos que vuelven a dejar en claro que se trata de un Crimen de Estado donde participaron todos los organismos de Gobierno estatal y federal, el Ejército, la Policía y demás institución coercitivas, así como el Poder Judicial, y es necesario reiterarlo porque ese mismo aire de desanimo pareciera también querer sembrar la idea de que un carpetazo de fin de sexenio se aproxima (algo que esperamos no ocurra), dejando la esperanza de justicia sentada en el banquillo del olvido junto a casos como la Matanza de Tlatelolco (55 años) y muchos más.
Ayer, al levantar el plantón que mantenían a las puertas del Campo Militar 1-A, los padres y madres de los normalistas exigieron una investigación penal “contra el ex presidente Enrique Peña Nieto y los funcionarios de alto nivel” que se vieron involucrados en la llamada “junta de autoridades”, que tuvo lugar en octubre del 2014, cuando fue construida la falsa “verdad histórica”, esto último de acuerdo con el segundo informe de la Covaj. Y es que nada de lo acontecido, por su magnitud y por el involucramiento de las fuerzas armadas y demás autoridades de alto rango, pudo realizarse sin el conocimiento y autorización del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto. A quien se ha esperado se le enjuicie a profundidad, al igual que a otros ex presidentes que siguen en la impunidad por sus crímenes conocidos por todo México y más allá.
Lo podrido del sistema en México ha hecho posible que el Poder Judicial sea partícipe del encubrimiento y la obstaculización de la justicia, la corrupción y la inmoralidad inhumana llega a tal grado, que aún hoy, no ha sido posible desenraizar los intereses que cubren el caso de los 43 normalistas. El grado de complicidad no sólo llevó a la destrucción de documentación (videos y papelería), sino que llega a grados extremos como sobornos, pago de favores y una larga lista de acciones contrarias a la autenticidad. El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha servido también para dejar a plena luz la cloaca donde se administra la justicia mexicana. Y esto no puede más que generarnos indignación y una digan rabia que nos obliga a seguir exigiendo ¡verdad y justicia!
Es necesaria dejar en claro que no compartimos la narrativa de la 4T que ahora sostiene que no hay indicio de vida para los 43 normalistas, pues sin desear esperanzas falsas, no se puede asegurar algo tan dantesco sin mostrar las pruebas, y si las tienen ¿qué esperan para darlas a conocer a plenitud? Mientras tanto, entre tantas espinas y falta de verdad; ¡Ayotzinapa sigue, porque su lucha es justa!
Cristóbal León Campos
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