El nuevo gobierno se ha encontrado con una situación esperable. Aspirar a un cambio de régimen exige hacerse cargo de la herencia del antiguo que se quiere sustituir.

Lo heredado consiste en toda una serie de condiciones creadas durante largas décadas, en el caso de México y, conforme a los criterios que se han expresado claramente, se consideran de modo especial los pasados 30 años asociados con el periodo neoliberal. El cambio está enfocado ahí.

Para crear un nuevo entorno político y económico se han establecido ya principios y acciones que tienden a desmontar lo que se ha recibido. Se trata de lo que el pensador ruso Alexander Herzen llamó la viuda preñada, o sea, el punto en el que el orden anterior ha cedido el poder y el nuevo orden lucha por establecerse.

Desde la campaña electoral fue claro el mensaje de los grandes y muy definidos rasgos con que se pretendía renovar el régimen. Una vez en el gobierno las cosas se complican, tanto en su definición como en su ejecución, y no podía ser de otra manera.

Algunas cuestiones relevantes y conflictivas incluyen, por ejemplo, la política de seguridad y la creación de una Guardia Nacional; la derogación de la reforma educativa; el replanteamiento de la política energética; la configuración de planeas de desarrollo regional; la reasignación del gasto social; la redefinición de proyectos concretos, como es el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), o la promoción de otras obras de infraestructura.

En un ámbito más profundo se trata incluso de una forma de imponer una renovación moral. Esto ha incidido ya en la confrontación con el Poder Judicial en torno a la determinación de los salarios de los funcionarios públicos. El alcance en cuanto al fondo y la forma de un proyecto como éste es muy sensible en cualquier sociedad.

Con respecto a los proyectos en materia social, el primer presupuesto ha marcado las prioridades del gasto público en el marco de un apretada generación de ingresos. Se mantuvo un balance fiscal que admite la necesidad de mantener una estabilidad financiera en la economía. Las presiones en este terreno van a ser grandes, pues las necesidades también lo son.

Las propuestas del gobierno en funciones por apenas una veintena de días abarcan muy distintas cuestiones de la compleja estructura del país. Se toman decisiones significativas todos los días; todo parece estar en movimiento, y así se enmarca la tensión que representa el tránsito en el que está el país.

Uno de los casos que han mantenido la atención dentro y fuera es el referido al proyecto del NAIM. Más allá del significado que pueda darse al caso concreto y que no es, por cierto, irrelevante, está el asunto de la preñez a la que me referí antes.

El proyecto fue una clara herencia del anterior gobierno y representaba un complicado entramado de grandes intereses políticos y económicos que corresponden a la manera de ejercer el poder, que Andrés Manuel López Obrador cuestiona abiertamente.

La ubicación, la concepción, el financiamiento y la serie de proyectos asociados con esta obra se volvieron, todos ellos, motivos de conflicto. El asunto se armó de tal manera que su cuestionamiento posterior provocara altos costos, no sólo económicos, sino en cuanto a la resolución de un asunto pospuesto durante mucho tiempo y que es el del transporte y la conectividad que involucra a todo el país.

En términos económicos el costo de la cancelación de la obra es muy elevado y da cuenta, precisamente, de la complejidad del proyecto ideado para financiar la obra.

Se ha comentado extensamente acerca del conflicto con los acreedores, los bonistas que invirtieron en el NAIM y que buscan recuperar su dinero. El gobierno ofreció comprar 1.8 mil millones de dólares (mdd) en bonos, parte de los 6 mil mdd existentes.

La transacción es compleja y se suma al gasto hecho en la obra, los pagos por cancelación a los contratistas y lo que costará desmantelarla. En total, hay estimaciones de un costo de 5 mil mdd.

Ya entrados en gastos, hay otras estimaciones que llevan el costo a lo largo del tiempo hasta 10 mil mdd. No son claras las cuentas y aún puede haber sorpresas.

Texcoco fue ya el escenario de un conflicto anterior en el gobierno de Vicente Fox, cuando en 2002 se canceló el proyecto de aeropuerto. Tres sexenios después la situación no se resuelve.

León Bendesky

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