Globalización

Sin duda el debate en curso en la Cámara de Diputados acerca del presupuesto federal para 2024 y, sobre todo, la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para pasar los fondos que obran en 13 fideicomisos que pertenecen a éste, han llevado a una nueva escalada los enfrentamientos entre la presidencia de la República y su órgano operador legislativo, la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, y el poder encargado de impartir justicia conforme a las normas federales. No es un asunto menor ni meramente financiero, sino de alto impacto político y con efectos en la eficiencia de los tribunales.

Es previsible que durante la discusión y aprobación del presupuesto para el año entrante la Cámara de Diputados aplique reducciones considerables a las asignaciones al Poder Judicial de la Federación y especialmente a la Suprema Corte de Justicia; pero por ahora, el intento de extinción de los fideicomisos por un monto superior a 15 mil millones de pesos, y el traslado de esos fondos a la Tesorería de la Federación es ya parte de un planeado debilitamiento del Poder Judicial mismo, diseñado, desde luego en el Palacio Nacional y operado por los súbditos del presidente en el Legislativo.

Ante los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, antes de tomar posesión de la presidencia, el 8 de agosto de 2018, López Obrador declaró: “Ofrezco a ustedes, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto por sus veredictos. [La presidencia] no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia, y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá la República, el estado de derecho. El estado democrático de derecho transitará del ideal a la realidad” (https://www.youtube.com/watch?v=oSSmthVjya0).

Hoy, como todos sabemos, los ataques a la Suprema Corte y al Poder Judicial, así como a los organismos constitucionalmente autónomos que el presidente no controla (antes el INE, el ahora el INAI) son cotidianos desde las mañaneras, los legisladores y voceros morenistas y algunos medios de difusión adeptos del gobierno y su partido. Se señala a sus integrantes como corruptos, inútiles, flojos y hasta de querer realizar un “golpe de Estado técnico” (¡!). Desde luego, en el caso de la Corte, no fue así mientras ésta fue presidida por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a quien AMLO intentó, en violación de la Constitución, prolongar su mandato más allá del periodo establecido y de quien opinaba, abiertamente en sus foros matutinos, que era “el único” que garantizaba una reforma progresista el sistema de Justicia. Según la Constitución Política de la República, corresponde únicamente a los ministros que la integran elegir a su presidente; pero el intervencionismo de López Obrador fue palmario en ese periodo.

En el caso del INAI, el presidente vetó a dos de los integrantes de su Consejo que habrían de entrar en funciones, y el Senado ha omitido hacer las designaciones de tres de los consejeros que esa institución necesita para sesionar legalmente y resolver un rezago que ya suma miles de solicitudes de transparencia y acceso a la información provenientes de distintos sectores de la sociedad. Recientemente, la SCJN emplazó al Senado a hacer las designaciones correspondientes, desatendidas por intencionada omisión, en el presente periodo de sesiones, y autorizó al consejo del INE a sesionar y resolver con los cuatro miembros que siguen vigentes en su función. Éste es uno de los probables motivos de la aversión del presidente y los morenistas a la mayoría de los ministros de la Corte. Otro es el que la mayoría de los ministros declaró inconstitucional la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. También porque la Corte anuló el llamado “Plan B” para la reforma del INE: un conjunto de reformas a diversas leyes, aprobadas por las mayorías partidarias dependientes del presidente en ambas cámaras, sin cuidar el proceso de información, discusión en comisiones y atropelladamente en un solo día, es decir sin seguir el proceso legislativo señalado en la Constitución. Igualmente, porque el Juzgado Primero de Distrito concedió un amparo a organizaciones ambientalistas contra cuatro tramos del Tren Maya, una de las obras emblemáticas del actual gobierno, ante lo cual el presidente declaró abiertamente que no acataría la sentencia judicial y seguiría con el proceso de construcción de las obras. Asimismo, la SCJN declaró inconstitucionales los decretos con los que López Obrador había calificado como “de seguridad nacional” las obras civiles que ha puesto en manos del ejército para impedir la transparencia y el acceso a la información.

El contraataque presidencial y morenista es múltiple: la reducción del presupuesto al Poder Judicial para 2024, la extinción de 13 de los 14 fideicomisos de que dispone ese poder mediante una truculenta adición a su Ley Orgánica y la demagógica y peregrina iniciativa de que, de obtener una mayoría calificada para su bloque partidario en 2024 (cosa que se ve cada vez más difícil), se reformaría la Constitución para que los jueces, magistrados y ministros sean electos por votación popular, lo que eliminaría en el área judicial el servicio civil de carrera y la selección por méritos, y permitiría la partidización de los órganos judiciales, con costosas campañas a escala nacional para ganar un cargo de juez federal o ministro de la Corte.

Expertos en materia fiscal han opinado que, si bien es facultad de la Cámara de Diputados, con su mayoría oficialista, aprobar el presupuesto para el próximo ejercicio anual, no puede en cambio, legalmente, extinguir los fideicomisos que obran en manos del Poder Judicial, pues éstos proceden de recursos obtenidos y ya ejercidos en anualidades pasadas, en las que los legisladores no pueden tener ya injerencia.

El alegato principal para tratar de adueñarse de esos más de 15 mil millones es que sirven a los privilegios de los ministros y magistrados, las capas altas de los juzgadores. En caso de lograrlo, esa elevada cifra de dinero se transferiría a la Tesorería de la Federación para alimentar, en un año electoral, los programas sociales (reparto de dinero a algunos sectores de la sociedad), es decir, la forma indirecta de campaña a favor del gobierno y su partido.

¿En qué consisten esos 13 fideicomisos de los que el gobierno federal busca apropiarse? Se trata de los que se presentan en la siguiente tabla.

Fuente: https://www.forbes.com.mx/estos-son-los-fideicomisos-del-poder-judicial-que-morena-quiere-desaparecer/

Cierto que algunos fondos sí parecen contener algunos privilegios para las más altas esferas del Poder Judicial, aunque los ministros de la corte niegan ser ellos los beneficiarios; otros se han presentado engañosamente, como el del mantenimiento de las casas habitación, que pertenecen al PJF para alojar a los jueces debido a su movilidad a distintas sedes de la República (¿el presidente, que habita en el Palacio Nacional, pagará de su bolsillo el mantenimiento de este inmueble?); otros corresponden a necesidades reales de la función de la magistratura, como el de la infraestructura necesaria para transitar hacia los juicios orales en diversas ramas de la justicia; y otros más si corresponden a derechos ya establecidos para los trabajadores y funcionarios judiciales.

Pero, en este caso, como en varios de sus antecedentes, no ha mediado un estudio técnico en lo particular para cada uno de esos fondos, ni una justificación detallada que contemple su formación, formas de operación, funciones, etc. Atrabiliariamente, las decisiones del presidente son simplemente aplicadas por sus sicarios legislativos a rajatabla y sin miramientos. Recuérdese la supresión de programas como el de estancias infantiles, el de comedores populares o las escuelas de tiempo completo, todos los cuales afectaron a mujeres organizadas y madres trabajadoras, o el propio “Plan B” electoral, anulado por inconstitucional por el tribunal de constitucionalidad.

Se trata, en suma de debilitar al Poder Judicial y a la, para el presidente, adversa Suprema Corte (donde sólo cuenta con dos ministras incondicionales, ambas esposas de cercanos amigos de él), así como se ha debilitado, incluso paralizado, al INAI y se buscó limitar las atribuciones de otros organismos autónomos, como el INE (cuando el presidente planteó que la organización de las elecciones volviera a la Secretaría de Gobernación, o cuando el entonces secretario de ésta, Adán Augusto López, proclamaba que ahí se elaborara el padrón electoral, como en los tiempos gloriosos de los gobiernos del PRI).

Mientras tanto, como parte del proceso de aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación, los diputados han creado tres nuevos fideicomisos, uno de ellos para subsidiar la construcción y operación durante los próximos años del ecocida Tren Maya, uno de los proyectos e ingresos con los que López Obrador ha convertido al ejército —cuya función es proteger el territorio nacional y velar por la seguridad de sus habitantes— en un grupo corporativo de interés económico. Ese nuevo fideicomiso se financiará con los recursos que se cobrarán a visitantes extranjeros por obtener visa de turistas a México. Otro fideicomiso se fondeará con un nuevo impuesto que se cobrará a los concesionarios de aeropuertos (lo cual, seguramente en una elevación de costos a los usuarios de servicios aeroportuarios). Sus recursos se canalizarán, siempre dentro del proyecto de militarización de la vida del país, a la Secretaría de Marina Armada de México, que administra desde hace poco el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Mientras tanto, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se han declarado en paro y están en las calles de diversas ciudades del país en protesta contra las determinaciones del bloque legislativo oficialista, y son reprimidos por la policía en Ciudad de México. La polémica y acaso ilegal desaparición de algunos de los fideicomisos —seis, dicen ellos— sí afectará derechos laborales ya establecidos, entre ellos los de retiro y jubilación. El daño al prestigio y honorabilidad de los impartidores de justicia ya está hecho, desde la tribuna presidencial y sus replicantes discursivos, según todo lo indica. Pero vendrán, seguramente, una vez que el Legislativo consume este acto atentatorio contra la división de poderes, decenas o cientos de solicitudes de amparos, los que serán resueltos por jueces federales y, en última instancia, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poco o ningún éxito puede augurarse a este esfuerzo del presidente y sus legisladores en esta acción de agresión a los impartidores de justicia. Como suele decirse popularmente: ¿Para qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo?

Eduardo Nava Hernández

Eduardo Nava Hernández: Politólogo – UMSNH.