A base de boletines oficiales de la Fiscalía General de la República, la opinión ciudadana está siendo informada de los zipi zapes que existen tanto en la procuración como en la impartición de justicia. En materia de impartición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado inconclusas muchas materias dignas de ser atendidas.
Para empezar, todas las controversias constitucionales interpuestas en lo personal y en lo colectivo por personas y grupos interesados en conocer su opinión sobre la juridicidad y la constitucionalidad de una serie de iniciativas presidenciales, de los últimos dos años.
En materia de procuración, es decir de investigación judicial, la que compete como organismo mayor a la Fiscalía General de la República, salta inmediatamente a la vista todas las incongruencias del caso Lozoya Austin, desde su dilatada aprehensión en Marbella, su traslado a la Ciudad de. México y su renuencia visitar cualquier reclusorio de la Capital.
Dicen los que saben que incluso, Emilio Lozoya nunca se presentó a firmar el oficio de control en las oficinas del juez penal de la causa, que debe ser normalmente cada quince días cuando el procesado tiene el beneficio del tercer grado, y que la misma página fue remitida al reclusorio desde una pantalla de computadora en cualquier domicilio de la ciudad o incluso del extranjero.
Con todo y eso, no sería lo más grave de este trunco proceso en ausencia, si no es que pasa lo que acaba de dar a conocer la FGR en un boletín oficial: sucede que se extraviaron la evaluación y las declaraciones patrimoniales de Emilio Lozoya, mismas que se encontraban en el expediente contra políticos y ex legisladores que supuestamente recibieron sobornos de Marcelo Odebrecht para avalar la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
Más aún: las 51 páginas con la supuesta declaración sobre la información patrimonial de Emilio Lozoya, no están, nunca fueron anexadas, al expediente en cuestión. Muchos ministerios públicos federales tendrán que ser citados a declarar por qué ocultaron dichas probatorias, en este juicio que es clave para confirmar las corrupciones neoliberales.
Estas omisiones y datos duros, forman parte también del chorlito consistente en que la evaluación y las declaraciones patrimoniales que se encuentran desaparecidas por arte de birlibirloque, forman parte del proceso lateral que la Secretaría de la Función Pública siguió al indiciado para poder inhabilitar por diez años.
La desaparición de estos documentos testimoniales y probatorios puede ser suficiente motivo para que el procesado sea exonerado de toda responsabilidad por los sobornos confirmados del caso Odebrecht y todo quede en la impunidad… ¿o en la inmunidad?
Cualquier incompetencia en materia de justicia deja de sorprender, pues se ha visto demasiado. Lo que no puede soslayarse es que el caso Lozoya Austin puede cubrir también de inmunidad al detenido Alonso Ancira, toda vez que la venta de Agronitrogenados está documentada en las mismas declaraciones.
O sea, que la justicia mexicana anda de vacaciones. ¡Capicúa!
Mouris Salloum George
Mouris Salloum George: Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
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