Globalización

Que el gobierno mexicano tiene el derecho y la obligación de ordenar el ingreso de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos a través de territorio nacional es un asunto del que nadie debería tener duda, incluidos los que súbitamente actúan como defensores de los derechos de los indocumentados hondureños –como Ciro Gómez Leyva y María Amparo Cazar–, que intentan ingresar sin cubrir ningún requisito de los que establece la legislación, incluso agrediendo a pedradas a elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, parapetándose en los niños.

En su propio lenguaje lo plantean las agencias de las Naciones Unidas para la Migración (OIM), Refugiados (Acnur), Derechos Humanos (ONU-DH) e Infancia (Unicef), las que expresaron preocupación por el impacto del operativo migratorio del jueves 23 en el río Suchiate, mas no dejaron de subrayar que México “tiene derecho de controlar la entrada de extranjeros siempre que no haya uso excesivo de fuerza”. No sé usted, pero no conozco de un solo país con independencia del régimen político que tenga, que permita que entren a su territorio extranjeros sin identificarse para dirigirse a otro.

El problema es quién y bajo qué criterios mide si el día 23 los elementos de la GN y del INM hicieron “uso excesivo de la fuerza” al frenar el avance de 2 mil centroamericanos que ingresaron sin documentos esa mañana a México a través del río Suchiate y que, según el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación Alejandro Encinas, fueron encabezados por “un grupo radical” que no aceptó ninguna alternativa de empleo o refugio.

En tanto que Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados, denunció “La salvaje agresión cometida contra refugiados hondureños y, que derivó en la aprehensión de más de 400”. Con menos estridencia dijo que “Nuestro gobierno tiene la obligación de permitir el paso de los migrantes por el territorio nacional; así lo marca el artículo 11 de la Constitución y el Acuerdo Migratorio de Marrakech del cual México fue activo promotor y que establece la migración ‘ordenada, segura y regular’”, lo cual es una lectura sesgada, además de que por ningún lado se observan los tres atributos: “ordenada, segura y regular”, cuando los hondureños migrantes, hombres adultos que son la inmensa mayoría ahora y durante 2019, ni siquiera están dispuestos a identificarse, lo que no hacen los mexicanos que viven en la frontera norte de México cuando se dirigen a otras ciudades del país. Y los empleos que declinan los migrantes no los tienen millones de paisanos del sureste.

Está excelente practicar la solidaridad con los migrantes más allá de los espacios mediáticos y el discurso demagógico, pero sin perder el más común de los sentidos, sobre todo cuando el presidente Andrés Manuel advierte que “Es un movimiento no espontáneo. Claro que hay la necesidad, pero hay una conducción, vamos a decir, política”. Y la causa inmediata, es preciso subrayarlo, es el golpe de Estado del 28 junio de 2009, con la venia de Barack Obama y Hilary Clinton en contra de Manuel Zelaya, para restituir las políticas de entrega de las riquezas hondureñas y de subordinación al imperio hasta concluir en un gobierno con vínculos documentados con el crimen organizado.

El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, asegura que “detrás de las caravanas de migrantes hay intereses criminales por parte de los polleros. No podemos ser ingenuos, tenemos una visión humanitaria respecto a la migración, pero en el caso de estas caravanas hay muchos intereses atrás de su organización”. Insistió que la Guardia Nacional no hizo uso de la fuerza en contra de los migrantes, sólo “estamos ordenando el ingreso de cualquier persona que quiera venir a nuestro país.

Miradas diversas necesarias de contemplar porque aparte de la disputa política que se libra con poco éxito en contra del proyecto de cambios de López Obrador y el 72% de ciudadanos que lo respaldan, el tema es tan antiguo como la humanidad, además de complejo y una formidable arma que emplea contra México el señor sometido a juicio político en el Congreso de USA.

Eduardo Ibarra Aguirre