Globalización

La molestia del gobierno estadounidense ante las modificaciones propuestas a la Ley de Seguridad Nacional de nuestro país para regular la presencia y la actuación de los agentes de dependencias estadounidenses en territorio nacional se expresó en la suspensión, por tiempo indefinido, de una reunión que debió realizarse a principios de este mes entre dependencias de seguridad y combate a la delincuencia de ambos países.

Por el lado de Washington, deberían participar en el encuentro la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la Agencia para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y la Oficina Federal de Investigación (FBI).

Es de destacar que la detención en California del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa, puso en evidencia que agentes del gobierno del país vecino realizaron en nuestro territorio labores de espionaje sobre funcionarios mexicanos en activo, una práctica inadmisible que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a proponer una reforma a la Ley de Seguridad, con el fin de que las autoridades nacionales ejerzan una fiscalización más rigurosa de las actividades de agentes de gobiernos extranjeros –no sólo estadounidenses– en México. Lo anterior provocó una reacción adversa en Washington y el encargado de manifestarla fue el secretario de Justicia, William P. Barr, quien opinó que tales cambios legales propuestos dificultarían la cooperación entre nuestras naciones, debilitarían la seguridad de los ciudadanos de México y de Estados Unidos y podrían beneficiar a las organizaciones trasnacionales violentas y a otros delincuentes que estamos combatiendo de manera conjunta.

Tal reacción parece ser una defensa sin fundamento visible de la opacidad, la discrecionalidad y hasta la ilegalidad con la que los agentes de diversas dependencias de inteligencia y combate al crimen del país vecino han operado en México por décadas. Esa situación, a todas luces anómala y contraria a la soberanía nacional, se agudizó a raíz de la firma de la Iniciativa Mérida, un instrumento bilateral que facilitó una gravísima abdicación del Estado mexicano a facultades exclusivas en materia de inteligencia, migración y procuración de justicia, y al amparo del cual se llevó a cabo un inadmisible y peligroso despliegue en México de policías estadounidenses de diversas instituciones. Así, en el contexto de la contraproducente guerra contra la delincuencia decretada por Felipe Calderón, se cometió el asesinato de agentes de la DEA en territorio nacional y de atentados contra funcionarios de Washington destacados en nuestro país.

Es claro que la responsabilidad de perseguir a presuntos delincuentes, investigar las actividades criminales y, en general, preservar el Estado de derecho en el territorio nacional, son facultades exclusivas de las autoridades mexicanas y si bien la colaboración bilateral en estas materias es obligada para hacer frente con perspectivas de éxito a los grupos delictivos trasnacionales, tal colaboración debe realizarse en el más estricto respeto a las jurisdicciones de cada país y en total apego a sus respectivos marcos legales. Es indiscutible, por otra parte, que cada nación tiene el derecho de redactar y modificar sus leyes sin injerencias o presiones externas de ninguna clase. Al respecto, es inaceptable y deplorable que el secretario Barr pretenda descalificar una reforma que compete en forma exclusiva al Ejecutivo y al Legislativo mexicanos.

Llevar el descontento al punto de suspender reuniones bilaterales refleja los rasgos de infantilismo presentes en la administración de Donald Trump y pone en riesgo sobre todo a Estados Unidos, por cuanto el interés principal en la realización de esos encuentros corresponde a Washington, no a México. Por añadidura, el gesto muestra la creciente insustancialidad de una presidencia que vive sus últimas semanas acorralada por su propio empecinamiento en rechazar el veredicto popular que decretó su final en las elecciones del mes pasado. Con todo, no deben subestimarse los riesgos de que en los últimos días que le quedan en la Casa Blanca, Donald Trump escale artificialmente conflictos bilaterales con el propósito de dejar un terreno minado y problemático a su sucesor en el cargo.

La Jornada