El gobierno ha acometido una serie de proyectos muy diversos que requieren, todos ellos en mayor o menor medida, intención y atención en el sentido político. Igualmente, en materia de planeación, asignación de recursos financieros y materiales, capacidad administrativa y de gestión. No menos relevante es el requisito de un horizonte temporal que los defina, enmarque y haga posible su sustentabilidad.

En cuanto a seguridad, por ejemplo, asunto sin duda de primordial importancia para los habitantes de este país, se ha impulsado la medida de crear una guardia nacional. El proceso no ha sido terso; no puede serlo, pues es un tema muy controvertido, incluso con una resolución judicial en contra.

Organizar un cuerpo de este tipo e instrumentar sus acciones cae en el ámbito de la competencia del Ejército, pero la responsabilidad política de lo que entraña esta decisión reside en el gobierno y marcará este sexenio. Imponer esta medida exige prever cómo crear este cuerpo y, al mismo tiempo, cómo y cuándo disolverlo y devolver la seguridad al ámbito de lo civil. La sociedad debe ser muy consciente de lo que esto involucra.

En cuanto a infraestructura, se han propuesto proyectos de distinta magnitud y relevancia, también con un impacto diferenciado en cuanto a su capacidad para promover el desarrollo económico y social.

La construcción de un aeropuerto o sistema aeroportuario en Ciudad de México, del tren en la península de Yucatán o el desenvolvimiento articulado del istmo de Tehuantepec, son muestras apenas de la gran diversidad de necesidades que tiene el territorio y de los criterios para tomar las decisiones más acertadas para impulsar la política pública.

Estas necesidades son, tal vez, en la mayoría de los casos, obras de carácter local o regional de una visibilidad menos aparatosa que los más promocionados en la propaganda política. Obras de riego, caminos vecinales, carreteras locales, vivienda, financiamiento, creación de negocios, políticas urbanas y rurales consistentes, oportunidades económicas y fortalecimiento de las condiciones de vida. No lucen a los gobernadores de los estados ni al gobierno central, pero ahí está buena parte de la estructura que alcance para aminorar las desigualdades sociales.

Todos los proyectos, las actividades y los trabajos exigen recursos y representan el uso y consumo de energía social y material; vaya que son costosos en un sentido más amplio de lo que indican los criterios y las partidas presupuestales. La convención es medir los costos en términos de dinero y su escasez, entendida en cuanto a los usos alternativos que se le puede dar.

Pero la concepción amplia del desarrollo supera el ejercicio presupuestal anual: la manera en que se allegan los recursos financieros (impuestos, precios de bienes y servicios públicos) y se asignan a los distintos rubros del gasto. En todos los casos, esto significa decisiones políticas y se enfocan en los rendimientos esperados de ejercicio del presupuesto. A esto debe añadirse la forma en que este mecanismo atrae o rechaza la actividad privada.

El gobierno y el sector privado gastan, es decir, consumen e invierten. Parte significativa del arte de la política pública y de la gestión de los recursos está en la concepción integral de estos procesos complejos. Cuando las decisiones de inversión privada se postergan, el dinero tiende a refugiarse, ya sea en instrumentos de deuda menos riesgosos o de plano en el atesoramiento. La mala planeación, gestión y apropiación del dinero público es inevitablemente una sangría de los recursos, una descomposición de su uso social.

Todos los proyectos, desde que se piensan hasta que se realizan, aún más mientras se mantienen funcionado, exigen transformar determinada energía. El proceso no termina cuando la obra se completa, los costos son medibles en ciertos casos y en otros lo son menos (el medio ambiente), sino que se extiende durante todo el tiempo de su funcionamiento: hay que sostenerlos operando. El caso del tren de Ciudad de México a Toluca ha sido un fiasco.

Son proyectos también aquellos que se definen como subsidios. Los resultados de estos mecanismos, cuyos resultados son de difícil evaluación cuantitativa y cualitativa, se implementan de modo rápido y con rentabilidad política.

Hay en el presupuesto de 2019 un rubro de subsidios denominado créditos a pequeños negocios en zonas de alta marginación. Tres mil millones de pesos para una población de alrededor de 500 mil personas, lo que equivale a 6 mil pesos en promedio en el año. Ese dinero es útil sin duda y debería etiquetarse como ayuda, pero no es suficiente para operar un negocio, aunque sea muy pequeño. Una política de créditos a pequeños negocios se debe definir de modo muy distinto. La esencia del crédito en un contrato que involucra la obligación de pago debe distribuirse, cobrarse y renovarse cada vez con mejores condiciones. Involucra, para repetir, un gasto constante de energía.

León Bendesky

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