El gobierno actual decretó el fin del neoliberalismo pero Sembrando Vida, su principal programa contra la pobreza, mantiene los subsidios focalizados y condicionados que caracterizaron a los gobiernos anteriores.
Pronasol durante el sexenio salinista, eliminó los subsidios generalizados al ingreso o al consumo y los asignó sólo a los individuos más necesitados de acuerdo con sus mediciones.
Sembrando Vida para 2021 tiene un presupuesto de casi 29 mil millones de pesos, muy por arriba de otros programas que llegan al campo. Así, la pregunta recurrente de los campesinos de distintas regiones, es cómo decide el gobierno quién puede entrar al programa. Las reglas de operación de este año definen como población objetivo a quienes habiten en localidades rurales en municipios con niveles de rezago social. Se desconocen las razones para dejar fuera 12 estados en los que también hay localidades con rezago social.
El programa tiene un claro sesgo político, ya que, a pesar del discurso que habla de sujetos de derecho, es utilizado abiertamente para la compra de voluntades. Así, las reglas de operación 2021 determinan que los 79 municipios afectados por el Corredor Transístmico participen en el programa. Varios de estos municipios tienen grados de rezago social menores que otros que han sido dejados fuera. Por ejemplo, comunidades chinantecas con alto grado de marginación (según los criterios del gobierno) han visto mermados sustancialmente sus ingresos por subsidios, pues el programa Prospera fue eliminado, las becas a los niños fueron reducidas y no fueron incluidos en Sembrando Vida.
A escala de la comunidad, el programa provoca una fuerte diferenciación social, de ahí que las comunidades oaxaqueñas lo hayan bautizado como Sembrando Envidia. El programa se destina a algunos miembros de la comunidad, pero no a todos. Por ejemplo, en una comunidad de la Huasteca veracruzana, de 200 comuneros pudieron participar 25; en la Montaña de Guerrero de 600 comuneros se incluyeron a 60. En Chiapas participan grupos de cinco o 10 personas por comunidad. Quienes participan en Sembrando Vida reciben 60 mil pesos anuales, mientras Producción para el Bienestar entrega 4 mil pesos al año a campesinos que tienen una superficie igual, de 2.5 héctareas. Este subsidio al ser otorgado de manera individual se destina al consumo y no se invierte en obras o servicios que mejoren la calidad de vida de la comunidad. Se ha documentado el aumento del alcoholismo, los pleitos y la violencia contra las mujeres.
Sin duda, el efecto más perjudicial del programa es la destrucción del tejido comunitario y de las estructuras organizativas de toma de decisiones. Las comunidades indígenas y campesinas en México tienen una amplia tradición de gestión colectiva del territorio, apoyada en la propiedad social de la tierra y en la asamblea como máxima autoridad. El programa Sembrando Vida está socavando intencionalmente estas estructuras que permiten cierto grado de autonomía a las comunidades. Las llamadas Comunidades de Aprendizaje Campesinas que incluyen a 25 integrantes del programa, y tienen como tutores a los técnicos sociales y productivos son las encargadas de transmitir información y definir la agenda de los temas importantes a tratar en las comunidades. Los campesinos que participan en Sembrando Vida tienen dificultades de tiempo para participar en las asambleas o comités de su propia comunidad, ya que deben responder a las exigencias del programa. No hay ninguna rendición de cuentas de los participantes frente a la Asamblea Ejidal o Comunitaria, aunque sean integrantes de los ejidos o comunidades, y a pesar de que el ejido o la comunidad les haya prestado la tierra para poder participar.
Los integrantes de las Comunidades de Aprendizaje Campesino van obteniendo posiciones de poder frente a las instituciones y en los hechos pueden tomar la representatividad de las comunidades para hablar en su nombre.
El programa busca formar una estructura de organización paralela a la organización comunitaria que responda a sus intereses. Una vez que el presidente López Obrador ha calificado de corruptas a todas las organizaciones campesinas, el programa pretende crear cooperativas. Es difícil que los integrantes de estos grupos participen en movimientos de resistencia social, por ejemplo frente a los megaproyectos del gobierno, o los intereses extractivos de las empresas. De ahí la coincidencia entre los nuevos trazos del Tren Maya y las localidades con Sembrando Vida, y la instrucción expresa de incluir a los municipios del Corredor Transístmico.
La opción que proponen varias comunidades y organizaciones es que el programa se dirija a las comunidades y no a los individuos, y que busque fortalecer las estructuras autónomas. Sin embargo, dejaría de cumplir los objetivos clientelares y de control político que parecen ser los prioritarios para el gobierno.
Ana de Ita
Ana de Ita: Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano.
Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización