Ayer por la mañana, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores en esta capital, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunió con funcionarios mexicanos de alto nivel para tratar asuntos fronterizos, de migración, seguridad y economía.
Los anfitriones fueron, además del canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, así como representantes de la Guardia Nacional y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Posteriormente, el visitante se trasladó a Palacio Nacional, donde sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y por último conversó con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
Ebrard informó que hubo coincidencias en los puntos tratados y destacó la colaboración para vacunar a los habitantes de los municipios fronterizos a fin de acelerar la reapertura del tránsito terrestre, con lo cual se busca reactivar el comercio bilateral en esta región. Más allá de la normalización de los importantes intercambios comerciales, el funcionamiento de la frontera está indisolublemente ligado al de la migración irregular, asunto en que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han manifestado disposición a atender el plan del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de frenar los flujos migratorios mejorando las condiciones de vida en sus lugares de origen. Sin embargo, debe recordarse que hasta ahora estas intenciones no se han concretado en cambios reales, y que la persecución y expulsión de quienes se internan en territorio estadounidense sin contar con los documentos migratorios requeridos se encuentra en niveles incluso mayores a los registrados durante la presidencia de Donald Trump.
En materia económica, si bien se han producido avances en lo relacionado con los derechos laborales, persiste como gran pendiente la tarea diplomática de hacerle entender al gobierno de Estados Unidos que debe abstenerse de intervenir en las decisiones que son facultad exclusiva de las autoridades y la ciudadanía mexicanas. Ante todo, ha de explicarse que, sin abandonar la economía de mercado, México ha emprendido una serie de ajustes orientados a combatir la corrupción y a poner en pie un sector petrolero y eléctrico sólido para garantizar la seguridad y la soberanía energéticas del país.
Tras la reunión con el fiscal Gertz Manero, se refrendó la cooperación y el respeto mutuo entre la Fiscalía General de la República y el Departamento de Seguridad Nacional, pero es inevitable preguntarse cómo se va a armonizar la relación en el marco del giro estratégico emprendido por México al dejar atrás el paradigma de la guerra
contra el crimen organizado y enfocarse en el combate a las causas profundas de los ilícitos. La duda se acentúa debido a la permanente confusión entre los asuntos de seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional por parte de los gobiernos estadounidenses, una confusión que los lleva a mezclar asuntos y prioridades que deben tratarse por separado o llanamente sacarse del ámbito de la seguridad, como sucede con el consumo de estupefacientes.
Más allá de las declaraciones oficiales de los participantes en los encuentros, cabe esperar que en el transcurso de sus conversaciones hayan avanzado en despejar los derroteros por los cuales habrá de transcurrir la relación bilateral en el futuro próximo, pues la claridad en esa relación siempre será de beneficio para los habitantes de ambos lados de la frontera común.
La Jornada
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