El Comité de la ONU que vigila el cumplimiento del Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos pidió el jueves 27 de julio al Gobierno de Honduras redoblar los esfuerzos para investigar los crímenes violentos en el país.
El Comité está compuesto por 18 expertos independientes que no son funcionarios de la ONU y cumplen su mandato a título personal, sin depender de ningún Estado u organización.
Las investigaciones deben hacerse con premura, imparcialidad y de forma exhaustiva, de manera a sancionar a los responsables y reparar a las víctimas, enfatizaron los expertos independientes.
En sus conclusiones finales luego de examinar el informe oficial del Estado hondureño, el Comité también sugirió incrementar los programas de protección de niños y jóvenes que se desvinculan de las bandas criminales o maras, así como a emprender programas de prevención del reclutamiento.
Por otra parte, en el segmento referido a los derechos reproductivos, el Comité urgió modificar la legislación y permitir el acceso a un aborto legal y seguro, incluyendo en los casos en que la salud o la vida de la madre estén en riesgo, así como en casos de incesto y fetos inviables. También lo instó a descriminalizar esa práctica.
Esta modificación ayudará a las mujeres a evitar embarazos no deseados y a asegurar que no recurran a abortos clandestinos que pongan en riesgo sus vidas, dice el documento.
Sobre el mismo punto dijo que el Estado debe eliminar la prohibición del uso de la píldora anticonceptiva de emergencia y mantener estadísticas precisas sobre el impacto de esas restricciones.
Hay que recordar que en marzo pasado, en el marco del 34° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos varios países, entre ellos Honduras, recibieron las evaluaciones sobre su cumplimiento de las garantías básicas.
Un informe presentado por la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, expresa profunda preocupación por la situación del país centroamericano. “La situación de derechos humanos en Honduras es causa de profunda preocupación. Los niveles generales de violencia e inseguridad continúan siendo alarmantes”, expresaba.
Gilmore añadió que en el país necesita con urgencia adoptar respuestas de seguridad y justicia, especialmente contra el crimen organizado, que tengan impacto y que cumplan con los derechos humanos.
También informó que su oficina ha desaconsejado al Gobierno de Honduras la expansión del papel de las Fuerzas Armadas para que asuma labores de seguridad civil, ante los elevados niveles de violencia e inseguridad en el país.
La alta comisionada adjunta también se había pronunciado entonces contra de la amplia definición de terrorismo que contiene una ley recientemente aprobada para reforzar la seguridad en el país.
Sergio Ferrari
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