Globalización

Para explicar los fracasos de la política exterior de Estados Unidos y sus aliados de los últimos años no hace falta buscar más allá de las crónicas deficiencias informativas de sus gobiernos y sus medios de comunicación.

Omiten deliberadamente hechos fundamentales, excluyen de manera sistemática los testimonios inconvenientes de importantes testigos, nunca dan el contexto adecuado y rara vez cuestionan seriamente los datos oficiales. El resultado es una especie de malévola ficción fantástica que proyecta como si fuera normal la demente visión del mundo de los psicóticos responsables de las políticas de Estados Unidos y sus aliados, que están completamente fuera de contacto con la realidad. Un buen ejemplo de esto es el reciente y típicamente falso artículo de The Guardian sobre Nicaragua escrito por Tom Phillips, que bien podría haber sido escrito por algún agente de la CIA o del MI6. Tal vez lo fuera.

El elemento básico de su informe y de prácticamente todos los informes similares sobre Nicaragua es de tergiversar las legítimas preocupaciones sobre los derechos humanos con el fin de distorsionar la realidad nicaragüense, haciendo que la oposición política del país parezca víctimas inocentes cuando es todo lo contrario. Está claro que ni a Tom Phillips ni a sus editores les importan los derechos humanos en Nicaragua, ya que nunca han informado de las sistemáticas y masivas violaciones de los derechos humanos cometidas por la oposición nicaragüense en 2018. Reporteros honestos como Max Blumenthal, Dick Emanuelsson, Dan Kovalik, Steve Sweeney, John Perry, Ben Norton y mi persona, entre otros, hemos publicado numerosos reportes, muchos de los cuales incluyen testimonios de primera mano de los salvajes crímenes asesinos que han sido suprimidos deshonestamente por reporteros sin escrúpulos como Phillips y colaboradores de la USAID como Carlos Fernando Chamorro o su cómplice Wilfredo Miranda, quien también escribe de vez en cuando en The Guardian.

En este sentido, ellos reclican la información profundamente fraudulenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dominada por el gobierno de Estados Unidos, y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida actualmente por la aliada incondicional del gobierno de Estados Unidos y ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet. En esta ocasión, Tom Phillips trata de despertar la simpatía de sus lectores informando de una entrevista con la hija del ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre, que vive en Estados Unidos, y como era de esperar, dibuja a su padre como un inofensivo ancianito que no representa ninguna amenaza para nadie. Phillips coloca ese retrato entre una galería de otras presuntas injusticias supuestamente perpetradas por el presidente Ortega.

Informa de que “la policía ha arrestado al menos a 32 personas desde finales de mayo, incluyendo a importantes figuras de la oposición que estaban desafiando al héroe revolucionario convertido en autócrata mientras busca un cuarto mandato consecutivo”. Más aún que de costumbre, el reportaje de Phillips omite hechos básicos y testimonios contrarios, pero también un contexto nacional y regional de enorme importancia, del que sin duda alguna él tiene pleno conocimiento. El hecho básico fundamental que Phillips suprime es que en agosto del año pasado salió a la luz un plan bastante detallado de la USAID para desestabilizar a Nicaragua en el que se explica cómo el gobierno estadounidense espera lograr el ilegítimo cambio de régimen en Nicaragua que no logró en 2018.

El plan se llama Responsive Assistance in Nicaragua(RAIN) y expone una serie de opciones inconstitucionales para asegurar un “gobierno de transición”, una frase que el documento utiliza más de 100 veces. El texto explica cómo los Estados Unidos ayudarán a las nuevas autoridades del “gobierno de transición” de la derecha a purgar la policía, el ejército, los tribunales, el sistema electoral y la vida pública en general de los sandinistas y a suprimir el Frente Sandinista de Liberación Nacional como partido político legal. Dado que alrededor de la mitad de los seis millones y medio de nicaragüenses se identifican como sandinistas, naturalmente, en los últimos dos meses, las autoridades nicaragüenses han actuado dentro de la ley para desarmar esa flagrante amenaza del gobierno de Estados Unidos para perturbar las elecciones de este año y provocar otro violento intento de golpe de Estado.

Así que la mayoría de las personas que actualmente están siendo investigadas por las autoridades nicaragüenses son colaboradores de largo dato de la USAID y de otras organizaciones asociadas al gobierno estadounidense como la National Endowment for Democracy. Otra parte son individuos que, como el propio Francisco Aguirre, han pedido o acogido públicamente las medidas coercitivas de Estados Unidos y de la Unión Europea contra su propio país, incluyendo medidas económicas y diplomáticas entre otras medidas coercitivas unilaterales. Todas estas conductas son ilegales en Nicaragua, como lo son en el propio Estados Unidos y en prácticamente todos los países de la Unión Europea también.

Por lo tanto, es completamente falso que Tom Phillips sugiera que las recientes detenciones, incluida la de Aguirre, son una medida arbitraria relacionada de algún modo con alguna u otra preocupación electoral partidaria. En ese sentido, es ridículo afirmar que cualquiera de las figuras arrestadas son “figuras importantes de la oposición” en un sentido electoral. Prácticamente ninguno de ellos es miembro de un partido político nicaragüense y ninguno de ellos había sido seleccionado como potencial candidato presidencial. Incluso si hubieran sido seleccionados, las encuestas de opinión demuestran categóricamente que ninguno de los partidos políticos de la oposición ha estado, o está ahora, ni siquiera cerca de desafiar el apoyo electoral al Presidente Ortega, que ha tenido un nivel de apoyo constantemente en o por encima del 60% durante todo el año. Otro hecho básico que Phillips omite.

A nivel regional, Phillips omite deliberadamente mencionar el actual asalto represivo del presidente de El Salvador, Najib Bukele, contra el FMLN, antiguo partido político gobernante de izquierdas en ese país. Bukele está imponiendo en El Salvador exactamente el tipo de campaña represiva de exterminio político contra el FMLN que el documento RAIN de USAID esbozó como su objetivo en Nicaragua contra el FSLN. En Nicaragua, los investigados no son líderes de partidos políticos, sino individuos con un historial bien establecido de haber abusado de la financiación supuestamente sin fines de lucro, procedente de fuentes extranjeras, para actividades políticas domésticas o bien de haberse confabulado con la intervención extranjera para dañar y desestabilizar la economía de Nicaragua o intimidar, calumniar y acosar a ciudadanos y funcionarios nicaragüenses.

En cambio, en El Salvador, las autoridades están utilizando acusaciones infundadas de corrupción alestilo clásico de “lawfare” para destruir a los dirigentes del FMLN y a los simpatizantes del partido, exactamente en consonancia con la política del gobierno estadounidense para ese país. A principios de este año, incluso Michelle Bachelet se vio obligada a expresar su preocupación por la usurpación por el presidente Bukele de los tribunales y la fiscalía. Sin embargo, Tom Phillips no tiene nada que decir sobre ese asalto a la libertad política en El Salvador, contiguo a Nicaragua, a pesar de su extrema relevancia como ejemplo de lo que la derecha nicaragüense y sus dueños estadounidenses planean hacer en Nicaragua si tienen la oportunidad.

Phillips aplica un doble rasero similar al tema de derechos humanos lo cual él relaciona con las recientes detenciones en Nicaragua. Cita a Juan Vivanco, de Human Rights Watch, quien también afirma falsamente que el presidente Daniel Ortega está persiguiendo a posibles opositores electorales. Ciertamente tiene sentido que Juan Vivanco y Human Rights Watch quieran encubrir el lavado de dinero, el abuso fraudulento de organizaciones sin fines de lucro y la colusión traicionera multifacética de los agentes locales de Estados Unidos para desestabilizar y dañar Nicaragua. Juan Vivanco y Human Rights Watch apoyaron el golpe fascista de 2002 contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y apoyan de manera consistente la agresión del gobierno estadounidense y sus aliados contra cualquier gobierno y su pueblo que se resista a los constantes esfuerzos occidentales de recolonización de América Latina y el Caribe.

Pero lo que es más importante, en el actual contexto electoral de Nicaragua, es la absoluta certeza que las autoridades están respondiendo a una verdadera preocupación pública muy sentida sobre cualquier posible repetición de la violencia asesina cometida por la oposición en 2018. Las muy respetadas encuestas de opinión de la empresa M&R han demostrado repetidamente que mucho más del 90% de los nicaragüenses rechazan cualquier nuevo intento de la desestabilización violenta. Ese hecho por sí solo también demuestra la absoluta falsedad de la gran mentira propagandística de Estados Unidos y la Unión Europea de que el fallido intento de golpe de Estado de la oposición en 2018 fue de alguna manera pacífico. Combinado con el incuestionable apoyo electoral al presidente Daniel Ortega, también significa que el sentir de una mayoría abrumadora de los nicaragüenses contradice diametralmente los ficticios reportajes de mala fe de Tom Phillips sobre el país.

Stephen Sefton