La repudiada presidenta Dina Boluarte, rechazada por más del 80 por ciento del país según las encuestas, enfrenta desde este miércoles 19 una nueva oleada de protestas, exigiendo su renuncia: este miércoles 19 los principales sindicatos y organizaciones sociales han convocado a un paro nacional, inicio de movilizaciones en todo el país.
Esta es la tercera oleada de las protestas que estallaron en diciembre luego de la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo y su reemplazo por Boluarte. Pobladores del interior del país, campesinos en su mayor parte, nuevamente se movilizarán hacia Lima desde distintas provincias, en especial desde las zonas andinas, para sumarse a la protesta en la capital.
Estudiantes de la Universidad Nacional de San Marcos, la más antigua y grande del país, tomaron en la noche del viernes ese centro de estudios en protesta por la decisión del rectorado de suspender sus actividades por el paro del 19. Esa decisión del rectorado no es un respaldo al paro: el objetivo es cerrar una universidad cuyos estudiantes apoyan las protestas antigubernamentales y que anteriormente recibieron en el campus a los manifestantes que llegaron desde las provincias.
Los organizadores de la protesta señalan que el objetivo es la caída del gobierno, al que califican como “ilegítimo y criminal”. El bloque autoritario de Boluarte, Otárola y la mayotía derechista del Congreso está especialmente débil, lo que se evidencia en las divisiones que presentan en las últimas semanas sobre el futuro político del país.
Unos quieren quedarse hasta el 2026 mientras otros esperan un adelanto de elecciones, avisados del tremendo desgaste de su opción política y las pocas posibilidades electorales que tendrían cuanto más tarden las elecciones. Esta debilidad tiene que ver con el aislamiento nacional e internacional del régimen y, sobre todo, el repudio sostenido en la opinión pública.
El régimen, que cuenta con el apoyo de los militares y del gobierno de Estados Unidos, es consciente de que no es posible manejar un país en estas condiciones. Creyeron que la represión traería primero temor y a la postre apoyo popular, pero en realidad profundizó el rechazo de las mayorías.
En una exhibición de su fuerza represiva, el gobierno hizo desfilar por las calles del centro de Lima miles de policías y tanques este fin de semana. Repitió la estrategia que puso en marcha contra las protestas de los meses anteriores, el régimen criminaliza las movilizaciones sociales acusando a los manifestantes de violentos y terroristas.
El discurso oficial ha resucitado al grupo armado maoísta Sendero Luminoso, derrotado hace tres décadas, para vincularlo a la protesta, justificar la represión y meter miedo con ese fantasma.
El escenario se completa con el autorizado ingreso de tropas estadounidenses en Perú, incluso con armamento de guerra, pero que oficialmente se limitarán a “actividades de cooperación de entrenamiento” en distintos puntos del país. Las acciones empezarán esta semana en el departamento amazónico de Loreto, fronterizo con Brasil y Colombia. Posteriormente, los ejercicios se extenderán a los departamentos andinos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco, los costeros de Callao y Lima y los selváticos de San Martín y Ucayali.
Los actuakles detentadores del poder creyeron que se podía repetir el esquema fujimorista del estigma de terrorismo, para acusar a cualquiera que disienta con sus barbaridades, intentaron criminalizar aún más la protesta a través de un nuevo proyecto de ley, un episodio más del retorcimiento de las leyes sin ningún carácter disuasivo.
Además de la renuncia de Boluarte, la a protesta demanda el cierre del Congreso, que tiene apenas seis por ciento de aprobación, y el adelanto de las elecciones generales programadas para abril de 2026. Boluarte había anunciado el adelanto de las mismas cexigido por las multitudinarias protestas de diciembre y enero. Pero ahora, en un acuerdo con la mayoría parlamentaria, asegura que gobernará hasta 2026. Un 82 por ciento demanda el adelanto de elecciones.
Frente a este debilitamiento de la derecha autoritaria existe un movimiento popular que se está recuperando de la pausa que tomó a mediados de marzo de este año, luego de doce semanas de movilizaciones, inéditas por su magnitud y agenda de reivindicaciones.
El sociólogo Nicolás Lynch señala que la recuperación ha buscado reparar la ausencia más importante de ese período que fue la falta de una dirección del movimiento popular. Un “Primer encuentro nacional de los pueblos y organizaciones del Perú”parece ir en ese sentido.
La convocatoria de este colectivo se reafirma una vez más en medios pacíficos para movilizarse y protestar y deslinda del afán del gobierno de llamarlos terroristas y delincuentes.
Llama la atención, sobre todo para los analistas extranjeros,la ausencia de partidos políticos de cualquier signo, sean de izquierda o derecha, que no sólo superen el espontaneísmo sino señalen un horizonte de mediano y largo plazo que pueda encauzar la energía del rechazo a este giro autoritario.
Las consignas de Adelanto de elecciones y Nueva Constitución aparecen confundidas en la ilusión del asalto al cielo. Nuevas elecciones son claves para frenar la ofensiva reaccionaria y lograr una salida democrática al actual momento político y, desde allí retomar la bandera constituyente -para cambiar la Carta Magna impuesta por la dictadura de Alberto Fujimori- y avanzar al logro de una nueva constitución.
Las organizaciones que convocan a este paro y a las movilizaciones se refieren a Boluarte como “asesina” y al Congreso como “golpista y corrupto”. La derecha se aferra a esa Constitución neoliberal, porque sabe que le espera una derrota en las urnas, y se opone -junto a los medios hegemónicos de comunicación- cerradamente a un referéndum para una Asamblea Constituyente.
Esta postura de la derecha es respaldada por Boluarte, quien llegó a un gobierno de izquierda como acompañante de Castillo en la fórmula presidencial, prometiendo la Constituyente que ahora rechaza y pretende desacreditar llamándola “extremista”. Boluarte se alió con la derecha y ultraderecha que controlan el Congreso.
Otra demanda central en esta nueva movilización es el juzgamiento de los responsables por las muertes en la represión de las protestas anteriores y la liberación de los detenidos en esas protestas. La represión ha dejado 49 personas muertas por disparos de la policía y del ejército, la gran mayoría campesinos. El total de fallecidos en las protestas son 67. El Ejecutivo y el Congreso justifican esas muertes y han respaldado reiteradamente a las fuerzas de seguridad quee dispararon contra la población.
“Para la ultraderecha neofascista y racista un campesino o indígena muerto no vale nada”, denuncian los organizadores de la protesta en un comunicado, mientras desde el Congreso la derecha avanza en una ofensiva para controlar los sistemas de justicia y electoral, y las distintas instituciones de la democracia, en un plan para consolidar un régimen autoritario.
Mariana Álvarez Orellana
Mariana Álvarez Orellana: Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la).
Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización