El Perú es un país profundamente desigual. Pese a años de crecimiento macroeconómico y boom de la actividad extractiva, las riquezas no fueron distribuidas equitativamente y solo un pequeño grupo privilegiado ha logrado beneficiarse.
El crecimiento económico ha traído mayor desigualdad y hoy millones de peruanos y peruanas siguen viviendo en condiciones de pobreza. Esta situación se agravó con la pandemia, pues, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre enero del 2019 y agosto del 2021 la pobreza se incrementó en 10 puntos porcentuales en el país. En Lima, el porcentaje de población en pobreza aumentó de 14% a 27.5% y en las áreas rurales se incrementó de 40.8% a 45.7%.
No se trata solo de cifras, se trata de proyectos de vida limitados por la falta de recursos. Un niño con anemia por una alimentación inadecuada tendrá menor rendimiento en la escuela y difícilmente ingresará a la universidad. Un adulto mayor que trabajó toda su vida en la informalidad no contará con una pensión digna y recargará de obligaciones a sus familias. Millones de mujeres que no tienen servicios de cuidados para sus hijos pequeños deben asumir estas tareas limitando su desarrollo profesional o político. Cada peruano con alguna discapacidad tendrá apenas 20% de posibilidades de encontrar empleo en comparación con otros compatriotas que no la tienen.
Para responder a estas situaciones de desigualdad estructurales, pero también relacionadas con las políticas de liberalización económica que el Perú siguió a pie juntillas, los países asumieron que era necesaria la intervención focalizada del Estado. Del 2000 en adelante se impulsó la implementación de los denominados “programas sociales”, orientados a atender condiciones de pobreza y pobreza extrema. Programas como Bolsa Familia, en Brasil; Oportunidades, en México; o Juntos, en el Perú se abocaron a entregar subsidios monetarios a familias identificadas estadísticamente como pobres. De modo complementario, se desarrollaron también programas de asistencia alimentarios y de becas siguiendo el mismo esquema de atención y focalización.
A dos décadas de su implementación, los resultados de estos programas siguen siendo limitados. De un lado, no han logrado reducir significativamente la pobreza en los territorios donde se concentra la mayor cantidad de personas identificadas como pobres. De otro lado, se ha optado por un enfoque que incluye, pero no integra buscando evitar situaciones catastróficas sin afirmar un horizonte de igualdad. Dichas políticas, además, carecen de una adecuada conexión con el desarrollo comunitario y territorial, pues esperan que cada familia beneficiaria de los programas sociales salga del ciclo de pobreza al margen del desarrollo de su comunidad. La intervención del Estado se mantiene sectorial y compartimentalizada, reduciendo “lo social” a problemas de pobreza extrema y vulnerabilidad, aislada de otros aspectos claves como garantizar empleo digno, salud y educación de calidad.
Hoy, en pleno bicentenario, y con un gobierno electo principalmente por los sectores más empobrecidos, urge reordenar prioridades poniendo mayor énfasis en atacar las causas estructurales de la pobreza y no solo administrarlas. Continuar este enfoque que asume al pobre como una persona por subsidiar e incluir en la medida de lo posible, con un Estado que se limita a paliar situaciones extremas, no fortalece un proyecto nacional de ciudadanos libres e iguales. Urge implementar una política social que integre a la población, trabajando desde los territorios, respetando su diversidad cultural y cerrando brechas de género. Se trata de democratizar oportunidades y garantizar derechos, conectando las políticas sociales a otras que generen igualdad, como el ingreso libre a las universidades, programas de empleo digno o atención a la discapacidad. Esto solo será posible otorgando un renovado protagonismo a los actores de la comunidad que comparten un territorio y conocen su problemática, fortaleciendo a la vez un Estado activo, que mejora su recaudación para invertir en quienes más lo necesitan. Estamos a tiempo de construir un nuevo horizonte de integración y bienestar para todo el país.
Anahí Durand
Anahí Durand: Socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima (Perú) y Maestra en Ciencias Sociales. Docente universitaria, ha investigado temas vinculados a movimientos sociales, representación política, pueblos indígenas e interculturalidad. Es coordinadora de Relaciones internacionales del Movimiento Nuevo Perú.
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