Política e impuestos

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Los impuestos son un factor clave en la relación de los ciudadanos con el gobierno. No son una contribución, sino una obligación impuesta por la ley. El gobierno sube los impuestos principalmente para cubrir los déficit fiscales ocasionados por muy diversas causas, como aquellas relacionadas con gastos e inversiones necesarios, las deficiencias en la definición y gestión de los proyectos o, de plano, por la corrupción.

También puede bajarlos, generalmente con el argumento de que con ello dejará al sector privado, es decir, a los inversionistas y consumidores, más recursos para gastar.

Donald Trump ha planteado como una parte esencial de su gobierno la revisión completa de la legislación impositiva para provocar un mayor crecimiento de la producción y del empleo.

Su propuesta, que será presentada al Congreso para la aprobación de las leyes correspondientes, se basa en los cuatro puntos que enunció en un discurso hace unos días.

Primero: simplificar el código tributario, al reducir las lagunas legales que permiten eludir algún impuesto y otras condiciones que benefician principalmente a los más ricos y a quienes detentan algún interés especial.

Segundo: acrecentar la competitividad en materia tributaria para crear más empleo e ingresos para los trabajadores.

Tercero: una reducción de impuestos para las familias de la clase media.

Cuarto: provocar el retorno de la riqueza y las ganancias que las empresas nacionales han asentado en el extranjero debido a los altos impuestos internos.

La propuesta de reforma se centra en reducir la tasa de impuestos que pagan las empresas de 35 a 15 por ciento. Los estratos de impuesto a las personas se reducirían de siete a tres (10, 25 y 35 por ciento) para lo cual tendrán que definirse los límites de ingreso de cada uno de ellos.

Un aspecto relevante de la reforma comprende el llamado impuesto mínimo alternativo que involucra individuos, empresas y fideicomisos que tienen exenciones que les permiten pagar un menor impuesto sobre la renta generando una ventaja por encima de otros ciudadanos y empresas con menos ingresos. La revisión planteada podría aumentar esas ventajas.

Este tipo de consideraciones sobre los impuestos indican que las medidas fiscales no son neutrales en su efecto sobre el ingreso y la riqueza de los agentes económicos, o sea, individuos y corporaciones. Son, en cambio, un factor decisivo de redistribución o de concentración. La cuestión se hace más problemática cuando la estructura de ingresos se ha sesgado durante muchos años de manera muy definitiva hacia la cúspide de la pirámide.

El argumento que sostiene esta reforma ha sido expuesto repetidas veces en ese país y en otros. La idea que la sostiene es que de manera significativa el aumento del ingreso disponible de las empresas se gasta en mayor inversión y el de las familias en más consumo. La parte del ingreso que pierde el gobierno se compensa con la proporción que representaría de un mayor tamaño de la economía.

No hay nada que garantice que esto ocurra en la medida que presupone la propuesta de reforma. El entusiasmo de Mnuchin, el secretario del Tesoro, y de Cohn, el asesor económico de la Casa Blanca, es digno de Dulcamara, el vendedor del elixir de amor.

Dicen que la reforma provocará cantidades masivas de ingresos adicionales para el gobierno. Ignoran a sabiendas que las expectativas que ofrecen no son racionales y se contraponen a las observaciones de la llamada economía conductual (behavioral economics).

Todos los sistemas de impuestos están incrustados de elementos de carácter político y de intereses particulares, lo que previene que una reforma comprensiva sea posible. Ronald Reagan lo hizo en 1986, pero las condiciones económicas internas y globales no son las mismas. Tampoco lo son en términos políticos y de la estructura social.

Los salarios en Estados Unidos se han estancado aun con las reducciones de los impuestos en las décadas de 1980 y 2000. Las ganancias de las empresas y las retribuciones a los altos ejecutivos, en cambio, han crecido.

Las corporaciones usan las crecientes utilidades para recomprar sus acciones, con lo que suben los precios y se provoca una nueva ronda de aumentos en la compensación de los directivos, además, de reconcentrar la propiedad. Una parte de ese excedente puede, en efecto, llegar a los accionistas como dividendos y también utilizarse para crear paquetes de retiro para la plantilla laboral.

Los individuos, dependiendo de su nivel de ingreso, pueden usar los nuevos recursos a consumir más, pero también para pagar deudas o de plano al consumo suntuario.

Puede parecer que una reforma de gran calado ocurra por designio, pero, aun cuando se consiga, queda pendiente el asunto de lograr que se implemente. Las consecuencias no son usualmente las que se pretende cuando se propone y la desigual distribución del poder es un factor siempre presente. En el Congreso, además, se pondrán de manifiesto las diferencias regionales y los intereses propios de los políticos.

León Bendesky

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