Globalización

Bolivia, que se convirtió en socio de los BRICS en 2024, se ha sumido en un nuevo ciclo de disturbios masivos, con bloqueos de calles y huelgas laborales que se extienden por sus principales ciudades en respuesta a dos controvertidas propuestas gubernamentales. Primero, los recortes de combustible fueron promulgados directamente por el presidente como un decreto ejecutivo en diciembre de 2025, y luego el Congreso aprobó una medida territorial como ley formal en abril de 2026, lo que desencadenó las protestas que estamos presenciando. Para comprender la magnitud de esta confrontación, primero hay que entender la actual administración en La Paz, la política que desencadenó el levantamiento, la forma del movimiento de protesta y el colapso político interno que permitió que un gobierno conservador regresara al poder.

El presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira, un centro-derecha con profundos lazos con la política conservadora tradicional boliviana y asumió el cargo a principios de noviembre de 2025, su administración se formó tras una decisiva victoria electoral que puso fin a casi dos décadas de gobierno ininterrumpido del Movimiento hacia el Socialismo. Paz Pereira se movió rápidamente para implementar lo que había presentado como una cura económica necesaria para las finanzas debilitadas del país, y fue su primera gran acción política la que desencadenó una reacción en cadena de disturbios sociales masivos. El primer detonante de las protestas fue un decreto presidencial emitido el 18 de diciembre que eliminó las subvenciones al combustible, que habían sido una piedra angular de la política económica boliviana durante más de veinte años.

El segundo detonante de las actuales masivas protestas de mayo de 2026 es una legislación que los grupos indígenas y los sindicatos campesinos ven como un ataque directo a su capacidad para conservar sus tierras. La Ley 1720, promulgada por la administración de centroderecha del presidente Rodrigo Paz, permitió que pequeñas explotaciones agrícolas fueran reclasificadas como propiedades medianas y luego utilizadas como garantía para préstamos bancarios comerciales. Aunque el gobierno boliviano se retiró completamente de la ley de tierras, solo modificó parcialmente el decreto sobre combustibles. Tras intensas protestas a nivel nacional, el presidente Rodrigo Paz firmó un decreto que anulaba completamente la controvertida ley de hipoteca de tierras para proteger los territorios rurales e indígenas. Sin embargo, aunque la administración acordó suspender y reescribir las medidas de austeridad más amplias dentro del decreto sobre combustibles, se negó a retroceder en el punto más polémico: la eliminación de las subvenciones al combustible sigue vigente para combatir el déficit fiscal del país.

Las protestas tomaron forma con una velocidad y coordinación notables, lideradas inicialmente por trabajadores del transporte público que paralizaron las ciudades más grandes del país. Las calles de La Paz, Santa Cruz y otros grandes centros urbanos quedaron paralizadas mientras los conductores de autobús y taxis se negaban a trabajar, en protesta contra una política que casi duplicaba el precio del combustible y, a su vez, hacía que los precios de la comida y el billete se dispararan. Esta acción inicial pronto se amplió en un movimiento mucho más grande y formidable, ya que la poderosa federación obrera boliviana, la Central Obrera Boliviana, llamó a una huelga nacional indefinida. Las protestas evolucionaron de simples paros laborales a enfrentamientos diarios en los que mineros de empresas estatales marchaban hacia la capital, detonaban dinamita y se enfrentaban a las fuerzas policiales que respondían con gases lacrimógenos y balas de goma. La base social de la resistencia se amplió para incluir cultivadores de coca, sindicatos de profesores y diversos grupos indígenas, transformando lo que comenzó como una queja sectorial en un desafío político amplio a la nueva administración.

El movimiento está siendo liderado y organizado por las principales instituciones laborales del país, con Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, emergiendo como un líder destacado y vocal. Argollo ha articulado las demandas de los manifestantes con franqueza, pidiendo la derogación inmediata del decreto y condenándolo como una política neoliberal que solo beneficia a los ricos. La coalición detrás de las protestas no está unificada en torno a una sola figura política, sino que representa una alianza laxa de sectores tradicionales de izquierdas que en su día fueron la base de la maquinaria electoral del Movimiento hacia el Socialismo. Su objetivo principal es la restauración completa de las subvenciones al combustible, una medida que consideran esencial para proteger el coste de vida de las familias trabajadoras y evitar que el país se vea cargado con lo que llaman un decreto maldito que endeudará a las futuras generaciones. Los manifestantes esperan obligar a la administración Paz a abandonar su programa económico y volver al modelo estatal de controles de precios que llevaba mucho tiempo vigente. A mediados de mayo, la demanda del movimiento de protesta había escalado desde la derogación de decretos individuales hasta la dimisión directa del presidente Rodrigo Paz Pereira.

Sin embargo, a medida que las protestas se prolongaban más allá de la primera semana y la administración Paz mostraba disposición a negociar, comenzó a surgir una división menos visible pero cada vez más trascendente dentro del movimiento. Los conductores de transporte que habían provocado el levantamiento inicial, junto con muchos vendedores de mercado y trabajadores asalariados, se unieron a la huelga con un objetivo estrecho y práctico: forzar al gobierno a restablecer las subvenciones al combustible, y para ellos la derogación del decreto supondría un claro final para el conflicto. Pero un núcleo más militante y políticamente movido, compuesto por los mineros radicales de las cooperativas estatales, ciertos consejos indígenas del altiplano y restos de la facción lealista a Evo Morales que se había separado del MAS oficial, argumentó que el decreto era simplemente un síntoma de una enfermedad mayor. Estos manifestantes más radicales veían al propio gobierno de Paz como ilegítimo, una administración de derechas que solo había entrado en el palacio presidencial debido a las propias traiciones internas de la izquierda, y creían que volver a la normalidad sin una reforma política más profunda dejaría a Bolivia vulnerable a otro paquete de austeridad, aún más duro En un futuro próximo. Esta creciente fricción entre quienes querían marcharse a casa tan pronto como se levantara el decreto y quienes querían quedarse en las calles hasta la caída del gobierno se convirtió en un desafío cada vez más difícil para Mario Argollo y la dirección sindical, que se veían intentando mantener unida una coalición que ya no tiraba en la misma dirección.

El ascenso del gobierno de derechas que ahora afronta estas protestas masivas fue posible no por un aumento popular de apoyo a ideas conservadoras, sino principalmente por las profundas y catastróficas divisiones internas que desgarraron el Movimiento hacia el Socialismo Desde dentro. El partido de izquierdas, que en su día fue una fuerza hegemónica en la política boliviana, se fragmentó en facciones enfrentadas cuando estalló una amarga disputa personal y política entre el expresidente Evo Morales y su antiguo ministro de Finanzas, entonces presidente Luis Arce. Este conflicto fratricida sobre la dirección y el control del partido llevó a un resultado electoral desastroso, donde el candidato oficial del MAS obtuvo un humillante 3 por ciento de los votos, mientras que un candidato alternativo de izquierdas de un grupo disidente alineado con Morales solo logró una proporción ligeramente mayor, permitiendo que los partidos de derechas se unieran para obtener más del 85 por ciento de los votos y asegurar una mayoría abrumadora en el Congreso.

El enfrentamiento entre la administración de Paz Pereira y el movimiento de protesta liderado por los trabajadores no muestra señales de una resolución rápida, y cuanto más tiempo siga siendo posible el decreto sobre el combustible, más riesgo corre Bolivia de un ciclo prolongado de confrontación que podría desestabilizar aún más su ya frágil economía. La insistencia del gobierno en la ‘disciplina fiscal’ ha endurecido la determinación de los manifestantes, y la ausencia de una alternativa creíble de izquierdas, dado el espectacular colapso del Movimiento hacia el Socialismo, deja a la oposición sin un vehículo político unificado para canalizar su poder en las calles hacia el cambio electoral.

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Miguel Santos García es un escritor y analista político puertorriqueño que escribe principalmente sobre la geopolítica de los conflictos neocoloniales y las guerras híbridas en el contexto de la cuarta revolución industrial, la nueva guerra fría en curso y la transición hacia la multipolaridad. Visite su blog.

Es investigador asociado del Centro de Investigación sobre la Globalización (CRG).