Globalización

Lo que podríamos denominar ‘poder operativo de la corrupción mexicana’, es decir, los que protagonizaron el saqueo de las riquezas de México, están hoy en prisión y en proceso de extradición.

Ese grupo ’emblemático’ lo encabezan Genaro Luna, el funcionario más cercano al expresidente Felipe Calderón (2006-2012); César Duarte, exgobernador de Chihuahua; Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal; y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, todos bajo el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Entre los cuatro el fisco de México perdió decenas de millones de dólares, en un saqueo mayor pues, además todos recibieron decenas de millones más en sobornos de Odebrecht y del crimen organizado e incluyó lavado de dinero, de acuerdo con las denuncias del gobierno y la fiscalía general mexicana.

De la corrupción se deriva, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, la guerra contra el crimen organizado que inauguró Calderón y que el apresamiento de su funcionario Genaro Luna demuestra que este benefició a un sector de esa mafia, según obra en la acusación presentada para su extradición.

La operación Rápido y Furioso, que consistió en entregarles conscientemente armas ‘cifradas’ al hampa con el supuesto objetivo de reconocerlos mediante esa treta y encausarlos, violó de facto la soberanía mexicana, produjo más muertes que nunca, y en apariencias ayudó a un sector del crimen organizado cercano a Genaro Luna, según consta en la argumentación del gobierno mexicano.

Todo esto sigue en proceso de investigación, según el canciller Marcelo Ebrard, aunque ya el gobierno de Estados Unidos contestó la carta que a esos efectos le fue enviada.

En el caso de Duarte, quien según autoridades de la entidad limpió las arcas de Chihuahua, se le acusa de robar 54 millones de dólares de un solo tajo, más lo acumulado en otras 21 causas por las que se le interpuso medida de búsqueda y captura e Interpol, ya concretada y está sujeto a extradición, indicó la fiscalía general.

Zerón de Lucio es un personaje clave en el esclarecimiento del execrable crimen de los 43 normalistas de Ayotzinapa y se le busca por posible vinculación al cártel Guerreros Unidos y por la fortuna que malversó. Fue ubicado en Canadá, y la Secretaría de Relaciones Exteriores inició el proceso para solicitar al gobierno de ese país su extradición.

Por último, la extradición ya confirmada por España de Lozoya es vital para el esclarecimiento total de lo que se conoce como la estafa maestra de Pemex, un brutal plan de despojo de ese recurso natural de México.

Es decir, lo más grave de este caso no son ni los 10 millones de sobornos que recibió de Odebrecht, ni lo que se robó con el fraude de una planta de fertilizantes Agro Nitrogenados que le dejó beneficios por decenas de millones de dólares, y ni siquiera las pruebas de que la empresa brasileña financiara la campaña presidencial del PRI que perdió frente a López Obrador.

Lo más importante es que la investigación puso al descubierto un sistema de 128 empresas fantasma a través de las cuales el gobierno federal desvió más de 400 millones de dólares a través de una red que involucró a 11 dependencias del Estado, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos, según las evidencias que obran en poder de la fiscalía general.

Quedó claro, denunció López Obrador, que el plan era desmantelar completamente Pemex para pasar el sector estatal a manos privadas, al igual que trataron de hacer con la Comisión Federal de Energía, y lo estaban logrando. Eso explica, dijo el mandatario, que no hubiera inversiones ni en la petrolera ni en la eléctrica.

Como una operación de dos pinzas, paralelamente el crimen organizado recibe golpes muy severos, como la captura de numerosos importantes jefes, entre ellos el más reciente de José Casarrubias, El Mochomo, clave en el caso de Ayotzinapa.

El nerviosismo de la derecha política mexicana, según analistas, que ha multiplicado por diez sus ataques al gobierno de López Obrador, es que todos esos personajes sean extraditados y declaren. Por lo pronto, el exdirector de Pemex ya se comprometió a cooperar con las autoridades.

Sin embargo, López Obrador dijo que no tiene intención de utilizar políticamente la ley, y enfatizó que no fabricarán delitos a nadie, como era costumbre anterior.

Pero eso no los tranquiliza. Por ejemplo, la cancillería mostró documentos en los que comprueba que acciones ilegales que violan la soberanía como ‘Rápido y Furioso’, ya las hacía desde 2004 el expresidente Vicente Fox.

Demasiado robo, mucho tiempo haciéndolo, tantos involucrados, un contingente de protagonistas directos presos en México o fuera del país, y evidencias de todo ello que no han podido soslayar, debe ponerle la carne de gallina a cualquiera que se sienta parte de aquella orgía de corruptos.

Luis Manuel Arce Isaac