Qatar, Europa y la corrupción

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«Es de sobra conocido que las grandes corporaciones tienen miles de grupos de presión cuyo objetivo es influir y condicionar la agenda de las instituciones comunitarias», escribe Fernando Luengo

Ya tiene nombre: Qatargate: El monumental escándalo de sobornos y chanchullos de todo tipo para legitimar el mundial de futbol celebrado en el emirato qatarí.

Un país que pisotea continua y brutalmente los derechos humanos más básicos; los de los trabajadores, las mujeres, las personas LGTBI…. Un mundial que no tenía que haberse celebrado en Qatar, pero, como casi siempre sucede, el negocio es el negocio. Mucho dinero de por medio: publicidad, derechos televisivos, transportes internacionales, hostelería, construcción. Y también una formidable maquinaria de distracción y propaganda para la gente, con el objetivo de que, al menos durante algunas semanas, quede cautivada por la patria futbolera.

Pero la cuestión tiene todavía más miga. La vicepresidenta del parlamento europeo, Eva Kaili, ha recibido importantes sumas de dinero, para, desde su privilegiada posición institucional, lavar la imagen del régimen despótico de Qatar y de paso la de los países y las empresas que, renunciando a los principios democráticos más básicos, han participado en el mundial de futbol.

Para más inri, la protagonista del escándalo es ¡socialista!, miembro del Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK). No me sorprende, ya sabemos de lo que han sido capaces los dirigentes de este partido, cuando prestaron todo su apoyo a las durísimas medidas de austeridad comunitarias que contribuyeron al empobrecimiento de la mayor parte de la población griega, y a las políticas de acoso y derribo que dieron al traste con el gobierno progresista de Syriza.

El daño está hecho y abona la idea -que, por supuesto, sería injusto generalizar- de que los políticos utilizan las instituciones en su propio beneficio, acudiendo, siempre que puedan, a prácticas abiertamente corruptas. Todo parece indicar, en todo caso, que estamos ante una trama y que Eva Kaili no ha actuado como un verso suelto. Veremos hasta dónde llega la investigación y las consecuencias que se obtienen de la misma. Esta será la prueba del algodón de la salud democrática del parlamento europeo y de la justicia comunitaria.

Pero, ¿nos quedaremos en este episodio de abierta corrupción, de descarada utilización de los cargos institucionales para hacer caja? Me temo que, desgraciadamente, así será. Pero lo acontecido es una oportunidad (como lo fue la pandemia para abordar la crisis climática). Para aprovecharla hay que levantar la mirada más allá de los arboles (podridos).

Es de sobra conocido que las grandes corporaciones tienen miles de grupos de presión (lobbies, en inglés), muy bien financiados, cuyo objetivo es influir y condicionar la agenda de las instituciones comunitarias para hacer valer los intereses de las corporaciones que representan (y que los pagan). Tienen acceso a los responsables de la Unión Europea en los diferentes ámbitos, de modo que se organizan continuamente reuniones en condiciones verdaderamente opacas.

Qué poco se habla de estos grupos de presión, que, de hecho, marcan la agenda comunitaria en asuntos clave. Algunos ejemplos: la negociación con acusados tintes neoliberales de los tratados de libre comercio, la regulación permisiva de la industria química, el trato privilegiado dispensado a las grandes compañías energéticas y farmacéuticas y la regulación bancaria a la medida de los grandes bancos.

O, por mencionar algo más evidente, el escandaloso funcionamiento de las puertas giratorias, que operan continuamente, en ambas direcciones: desde los grupos privados a las instituciones comunitarias, y a la inversa. Así, encontramos que destacados responsables comunitarios han pasado a detentar cargos muy importantes en las grandes corporaciones o ya los tenían. Este ha sido el caso, por citar unos pocos ejemplos, de Mario Dragui (presidente del Banco Central Europeo), José Manuel Durao Barroso y Romano Prody (expresidentes de la Comisión Europea).

No es lo mismo, evidentemente. Una cosa es servirse de las instituciones para enriquecerse de forma mafiosa, y otra la captura que hacen los grupos económicos de las políticas comunitarias, aprovechándose del acceso privilegiado a los responsables de las mismas. Pero en ambos casos estamos haciendo referencia a la transparencia, el control democrático, la defensa de los intereses de la ciudadanía y la decencia.

Si no se actúa con determinación (no soy muy optimista al respecto) podemos seguir hablando hasta que nos cansemos del proyecto europeo, de su salud y fortaleza; pero en la práctica, este proyecto no tendrá otra seña de identidad que servir los intereses de las elites económicas y políticas.

Fernando Luengo

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