Globalización

Las autoridades rusas han advertido repetidamente que cualquier estado de la OTAN que permita a drones ucranianos usar su espacio aéreo para ataques en territorio ruso podría convertirse en un objetivo militar legítimo, lo que plantea urgentes dudas sobre la probabilidad de tal represalia. El artículo examina las justificaciones legales declaradas por Moscú, el poder disuasorio de la defensa colectiva de la OTAN y los umbrales específicos que podrían desencadenar una escalada, por lo que, aunque los ataques aéreos sigan siendo improbables a corto plazo, el riesgo no puede descartarse por completo.

A principios de abril de 2026, el liderazgo ruso reforzó su postura intransigente a través de la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matviyenko, quien declaró en el destacado programa de entrevistas de Olga Skabeyeva que Moscú no mostrará flexibilidad hacia las naciones de la Unión Europea que permiten que su espacio aéreo se utilice para ataques ucranianos en territorio ruso.

“Estamos recibiendo nuevos ataques terroristas, ataques a nuestra infraestructura energética, instalaciones civiles y personas“, declaró Matviyenko. “Y no seremos flexibles con todos, no sucumbiremos a las amenazas de los europeos ni de nadie más. Hemos emitido advertencias muy duras a estos países.”

Luego ofreció un ejemplo concreto de la presión rusa que ha dado resultados, señalando que Lituania ya había negado públicamente haber dado permiso a Ucrania para volar sus drones. Matviyenko continuó:

“Es decir, los sacudimos… y se dieron cuenta de que si continuaban, serían nuestros objetivos legítimos, porque Rusia estaba siendo atacada desde su territorio. Lo entendían. Creo que ahora se van a escapar arrastrándose. No lo dirán en voz alta, pero se arrastrarán lejos.”

Luego, el 10 de abril, una declaración conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores de Estonia, Letonia y Lituania desestimó por completo las acusaciones, afirmando que consideraban toda esta situación como una campaña de desinformación de Rusia. Esto fue seguido el 16 de abril, cuando el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Sergey Shoigu, recordó formalmente a Finlandia y a los estados bálticos el derecho de Rusia a la legítima defensa, citando un reciente aumento de incidentes en los que drones ucranianos supuestamente atacaron a Rusia a través de su espacio aéreo. Shoigu argumentó que

“esto puede ocurrir en dos casos: o bien los sistemas de defensa aérea occidentales son extremadamente ineficaces, como ya ocurrió durante los acontecimientos en Oriente Medio, o estos estados están proporcionando deliberadamente su espacio aéreo, convirtiéndose así en cómplices activos de la agresión contra Rusia.” A continuación, invocó el mecanismo legal de represalia, afirmando que “en el segundo caso, según el derecho internacional, entra en vigor el Artículo 51 de la Carta de la ONU relativo al derecho inherente de los Estados a la legítima defensa en caso de un ataque armado.”

Un día después, el 17 de abril de 2026, la Comisión Europea respondió directamente a las amenazas de Shoigu, con la portavoz Anitta Hipper declarando en una rueda de prensa en Bruselas que no hay pruebas que respalden las afirmaciones rusas de que drones ucranianos hayan sido lanzados desde el espacio aéreo de ningún estado miembro de la UE, incluidos Finlandia y los países bálticos.

“No hay pruebas que respalden estas afirmaciones según lo que hemos visto”, dijo Hipper, añadiendo que la Comisión había revisado declaraciones de esos estados miembros “donde precisamente estos estados miembros rechazan claramente esta afirmación infundada.”

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Además, calificó las declaraciones de Shoigu como “desinformación” destinada a crear condiciones para la escalada y la inestabilidad regional.

La posición oficial rusa, articulada con amenaza explícita por el secretario del Consejo de Seguridad, Serguéi Shoigu, ha argumentado repetidamente que el uso sistemático del espacio aéreo vecino de la OTAN para operaciones con drones ucranianos transforma a esos estados en objetivos militares legítimos bajo la interpretación de defensa propia de Moscú. Rusia parece distinguir entre las empresas europeas que fabrican componentes para drones, que tienen menos probabilidades de ser atacadas directamente, y los estados soberanos que proporcionan el entorno operativo. Maria Vladimirovna Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, ha reforzado esta postura sobre lo que Moscú considera un casus belli. En una rueda de prensa que recibió amplia atención, Zakharova declaró que

“a estos países se les ha dado una advertencia adecuada. Si los regímenes de estos países tienen algo de sentido común, lo harán. Si no, tendrán que lidiar con una respuesta.”

Una evaluación rigurosa de la probabilidad de que Rusia lance ataques aéreos convencionales contra los estados miembros de la OTAN para permitir que drones ucranianos transiten por su espacio aéreo debe comenzar examinando las justificaciones legales declaradas por el Kremlin y su cálculo estratégico respecto a la confrontación militar directa con la alianza. La forma más plausible de represalia, si Moscú decide actuar, no es una invasión terrestre ni una campaña contra fabricantes europeos de drones, sino un ataque limitado utilizando misiles de crucero o aviones contra objetivos militares o de doble uso específicos en territorio de países como Estonia, Letonia, Lituania o Finlandia. Aunque la retórica oficial de altos funcionarios rusos es deliberadamente severa, la probabilidad real de que tales ataques aéreos ocurran a corto plazo sigue siendo baja, porque los costes de desencadenar una guerra convencional directa con la OTAN superan con creces cualquier beneficio táctico. Para determinar la verdadera probabilidad de que Rusia actúe ante estas amenazas, hay que examinar el efecto disuasorio del compromiso colectivo de defensa de la OTAN, que sigue siendo el factor más poderoso que suprime la probabilidad de cualquier ataque aéreo abierto. Un impacto de misil ruso en una estación de radar en Estonia o en un aeródromo en Finlandia sería un acto de guerra contra toda la alianza, sin dejar lugar a ambigüedades. La respuesta de la OTAN casi con toda seguridad incluiría el despliegue inmediato de defensas aéreas integradas en el estado objetivo, la colocación adelantada de aviones de ataque aliados y una condena política unánime que aislaría aún más a Rusia.

Sin embargo, esta probabilidad no es estática, y aumentaría significativamente si se cruzan ciertos umbrales, incluyendo un ataque de drones ucranianos originado o que atraviesa el espacio aéreo aliado y que cause numerosas bajas dentro de Rusia, una base permanente de aviones occidentales de ataque de largo alcance en un estado báltico, o un liderazgo del Kremlin que se convenza de que la disuasión de la OTAN es un farol.

El primer y más importante umbral sería un ataque con drones ucranianos, lanzado desde o transitando el espacio aéreo de un estado de la OTAN, que provocara un evento con numerosas víctimas dentro de Rusia, como la destrucción de una escuela, un hospital o un cuartel militar abarrotado. En tal escenario, la presión política interna sobre el Kremlin para que responda de forma visible y cinética sería casi irresistible. El segundo umbral sería una base permanente y abierta de aviones occidentales de ataque de largo alcance, como F-16 o Eurofighters configurados para misiones aire-tierra, en el territorio de un estado báltico, que Moscú interpretaría como una amenaza directa a sus fronteras. El tercer umbral sería un cambio en el cálculo estratégico del Kremlin, por el cual el liderazgo ruso concluya que la disuasión de la OTAN es un farol, quizás tras una percibida retirada estadounidense de las garantías de seguridad o una fractura visible dentro de la alianza. Si las tres condiciones se alinean, la probabilidad de ataques aéreos rusos contra la infraestructura militar del estado culpable aumentaría significativamente, ya que el coste percibido de la inacción empezaría a superar al coste de la confrontación.

Así, aunque la retórica de Shoigu y Zakharova es severa y debe tomarse en serio como una señal de la intención rusa de aumentar el coste del uso del espacio aéreo, la probabilidad real de que Moscú ordene ataques aéreos contra un estado de la OTAN para permisos de sobrevuelo de drones sigue siendo baja en las condiciones actuales. El peligro no radica en un ataque inmediato, sino en una lenta erosión de la credibilidad de la disuasión y un error de cálculo nacido de la frustración acumulada. La combinación de justificaciones legalistas rusas, advertencias explícitas y la imprevisibilidad de ataques con víctimas masivas significa que la posibilidad de ataques aéreos, por remota que sea, no puede descartarse por completo.

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Miguel Santos García es un escritor y analista político puertorriqueño que escribe principalmente sobre la geopolítica de los conflictos neocoloniales y las guerras híbridas en el contexto de la cuarta revolución industrial, la nueva guerra fría en curso y la transición hacia la multipolaridad. Visite su blog.

Es investigador asociado del Centro de Investigación sobre la Globalización (CRG).