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Christopher Vialva, de 40 años, fue ejecutado por el gobierno de Estados Unidos el 24 de septiembre en Terra Haute, Indiana. Vialva era la primera persona negra condenada a muerte por el sistema de justicia penal federal desde que Washington reanudó las ejecuciones a principios de este año.

El ahora fallecido Vialva cometió sus crímenes en el estado de Texas cuando era joven. Sus delitos se consideraron crímenes federales al haber sido cometidos en un zona que está bajo el control de la base militar de Fort Hood. La madre de Vialva, Lisa Brown, que es caucásica, rogó sin éxito al presidente Donald Trump que conmutara la sentencia de muerte de su hijo.

A lo largo de 2020 otras seis personas se enfrentaron una tras otra al mismo destino. Estos acontecimientos, eclipsados por las elecciones presidenciales, la pandemia de COVID-19 y las grandes manifestaciones y rebeliones masivas motivadas por el racismo y la opresión nacional, ponen en evidencia el trato injusto que sufren las personas de las comunidades de color (1), trabajadoras y pobres en el Estado capitalista más avanzado del mundo.

La pena de muerte se volvió a instaurar en 1976 tras haber permanecido suspendida durante cuatro años. Con todo, entre 1976 y principios de 2020 solo se llevaron a cabo tres ejecuciones federales tras un paréntesis de 17 años.

El aumento de ejecuciones federales es un resultado directo de las políticas del gobierno del presidente Donald Trump. El fiscal general William Barr desempeñó un papel fundamental en facilitar la reanudación de la pena capital en el ámbito federal.

Incluso dentro de los sistemas estatales de justicia penal de las muchas zonas en las que la pena de muerte sigue siendo legal ha habido un notable descenso en la utilización de esta forma de castigo anticuada y bárbara. Sin embargo, el actual gobierno de Washington trata de demostrar su compromiso de imponer la máxima condena a los reclusos a pesar de que afirma estar haciendo una reforma penitenciaria referente a las personas afroestadounidenses. Se citaron las siguientes palabras de William Barr: “Debemos a las víctimas y a sus familias llevar a cabo la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia” (véase aquí).

Racismo, opresión nacional y pena de muerte

Un estudio reciente publicado por Death Penalty Information Center (DPIC, Centro de Información sobre la Pena de Muerte) saca a relucir la relación entre la raza y la justicia penal. Este estudio se publica en una coyuntura crítica en Estados Unidos en la que millones de personas se han manifestado, y denunciado, en contra del uso arbitrario de la fuerza letal contra personas afroestadounidenses y de origen latino por parte de la policía y grupos parapoliciales.

El recrudecimiento de la pena de muerte federal es una consecuencia despiadada del racismo ideológico del actual gobierno. Trump basó su campaña presidencial de 2016 en atacar y denigrar a las personas trabajadoras inmigrantes, a las afroestadounidenses, a las mujeres y a otros grupos oprimidos. Sin embargo, este endurecimiento de la discriminación y la intolerancia nacionales patentes ha generado una oposición generalizada tanto dentro como fuera de Estados Unidos como exterior.

Este informe del DPIC se publicó antes de las elecciones nacionales del 3 de noviembre. Sus conclusiones refuerzan el discurso referente al cada vez mayor complejo carcelario-industrial que está inextricablemente unido al hecho de que en Estados Unidos la elaboración de perfiles, las detenciones, las condenas, el encarcelamiento y la ejecución de personas oprimidas son desproporcionadamente más altos que en caso de las personas blancas estadounidenses. El estudio de titula “Enduring Injustice: the Persistence of Racial Discrimination in the U.S. Death Penalty” [Una injusticia imperecedera: la persistencia de la discriminación racial en la pena de muerte en Estados Unidos]. El informe de investigación examina la aplicación de la pena de muerte a lo largo de la historia y establece sorprendentes paralelismos con los acontecimientos que tienen lugar en el siglo XXI.

Gráfico: El 60 % de las personas condenadas a muerte en Estados Unidos en los 10 últimos años eran personas de color, frente al 46 % en la década posterior a la decisión tomada tras el caso Gregg (1976)

Según Ngozi Ndulue, autora principal y Directora Superior de Investigación y Proyectos Especiales del DPIC, “la pena de muerte se ha utilizado para imponer las jerarquías raciales a lo largo de la historia de Estados Unidos, empezando por el periodo colonial y siguiendo hasta nuestros días. Su presencia discriminatoria como el principal castigo del sistema jurídico estadounidense legitima todos los demás castigos severos y discriminatorios. Por ello la pena de muerte debe formar parte de cualquier discusión sobre la reforma de la policía, la responsabilidad fiscal, revertir la encarcelación masiva y el sistema jurídico penal en su conjunto” (véase aquí).

Foto: Portada del estudio del DPIC Injusticia imperecedera

En 2020 hay en Estados Unidos aproximadamente 2.3 millones de personas encarceladas en muchas cárceles, centros de detención juvenil y prisiones. Varios millones más de personas están bajo alguna forma de supervisión judicial y de aplicación de la ley. Más de la mitad del total de personas encarceladas son afroestadounidenses y otras personas de color, a pesar de que estas comunidades suponen menos del 40 % de la población total de Estados Unidos.

El Director Ejecutivo del DPIC y editor del informe Robert Dunham señaló acerca del informe: “Si no se entiende la historia, esto es, que la pena de muerte moderna es descendiente directa de la esclavitud, de los linchamiento y de la segregación de las Leyes Jim Crow (2), no se entenderá por qué. Con los constantes asesinatos de ciudadanos negros por parte de policías y vigilantes blancos, es aún más importante ahora centrar la atención en el enorme papel que desempeña la pena de muerte como agente y validador de la discriminación racial. Aquello que es irregular o intencionalmente discriminatorio en el sistema jurídico penal es manifiestamente peor en los casos de pena de muerte. Sacar a la luz cómo discrimina el sistema en los casos de pena capital puede aclarar mucho las prácticas de aplicación de la ley y judiciales que se deben abolir, reestructurar o reformar imperiosamente”.

Hoy en día necesitamos movimientos destinados a abolir las prisiones y a la liberación nacional

Por consiguiente, el sistema de opresión nacional y el racismo institucionalizado en la justicia penal exigen un trabajo y una lucha política constantes. Las personas encarceladas y las destinatarias del sistema penitenciario también son víctimas de la sobreexplotación.

A muchas personas presas y a las que se amenaza con la cárcel se les obliga a trabajar en condiciones de esclavitud. En California se utiliza a personas reclusas para luchar contra los incendios forestales que son resultado directo de la incapacidad del sistema capitalista e imperialista para prestar la atención debida al impacto que tiene el cambio climático en el medio ambiente. Otras personas reclusas son maltratadas por guardias y administradores, muchos de los cuales son racistas. El sistema penitenciario es tanto privado como público. Los establecimiento penitenciarios privados ha proliferado de forma espectacular. Se encarcela a una proporción mayor de personas trabajadoras emigrantes, incluidos niños. Informes recientes señalan que los guardias abusan sexualmente de estas personas reclusas y las someten a procedimientos médicos no deseados relacionados con su salud reproductiva.

Las encarcelaciones masivas y la pena de muerte también son formas de contención social. A lo largo de las cuatro últimas décadas millones de personas han sido sacadas de la sociedad lejos de sus familias, de sus barrios y lugares de trabajo. Por consiguiente, el florecimiento de la industria de la cárcel ha contribuido enormemente a la destrucción de las familias negras, morenas (3) y trabajadoras.

El reciente informe del DPIC señala el carácter insidioso de las ejecuciones federales al indicar que el renovado proceso de la pena capital se inició con seis blancos condenados a muerte. Sin embargo, el informe afirma enfáticamente lo siguiente: “Aunque el primer grupo de ejecuciones programadas por el gobierno federal en 2020 se ha dirigido estratégicamente a personas blancas, durante mucho tiempo la pena de muerte federal ha estado aquejada del mismo sesgo racial presente en los sistemas estatales de pena de muerte. 34 de las 57 personas que actualmente están en el corredor de la muerte federal son personas de color, incluidos 26 hombres negros. Algunas de estas personas fueron acusadas y condenadas por jurados compuestos íntegramente por personas blancas. En un acto considerado de forma generalizada un ataque a la soberanía nativa, el único nativo americano en el corredor de la muerte federal fue ejecutado por un delito cometido en tierras tribales a pesar de la reiterada oposición de su tribu y de los líderes nativos estadounidenses de todo el país”.

Todo análisis relacionado con la emancipación de la opresión nacional y de clase debe incluir una crítica de las estructuras de la justicia penal en Estados Unidos. Durante los últimos años de la década de 1960 y los primeros de la de 1970 surgió un importante movimiento entre las propias personas presas que provocó protestas, huelgas, rebeliones y la toma de instituciones penitenciarias. En 1971 miles de personas reclusas de la Prisión Estatal de Attica en Nueva York se apoderaron de la instalación e hicieron demandas militantes al alcaide y al entonces gobernador Nelson Rockefeller. En vez de negociar de buena fe con la insurrección encabezada por afroestadounidenses, Rockefeller ordenó a la policía estatal recuperar la prisión, tras lo que mató a docenas de reclusos y a la mayoría de los guardias retenidos por los presos.

Desde principios de la década de 1970 ha habido erupciones periódicas de resistencia en el sistema penitenciario, entre las que se incluyen peticiones de recibir un trato mejor, huelgas de hambre y paros laborales para exigir el fin de la brutalidad y el acoso. Estas acciones se producen en California, Georgia, Michigan, entre otros estados.

Estas luchas dentro del sistema penitenciario forman parte del movimiento para acabar con el racismo, y la opresión nacional y de clase. Puesto que no se ve en un futuro próximo el fin del complejo carcelario-industrial bajo el capitalismo, sólo la construcción de una sociedad socialista puede garantizar una protección igual según la ley.

Abayomi Azikiwe

Abayomi Azikiwe: Director de Pan-African News Wire y colaborador frecuente de Global Research.

Notas de la traductora:

(1) A pesar de sus connotaciones racistas, traducimos literalmente el término “comunidades de color”, lo mismo que más abajo “personas de color” y “morenas”, por ser los utilizados por el autor.

(2) Las Leyes Jim Crow son una serie de leyes aprobadas en 1876 para privar a las personas negras de sus derechos civiles y segregarlas en los espacios públicos. Se aplicaron de iure sobre todo en los estados del sur de Estados Unidos y de facto en los demás. La Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965 las abolieron totalmente.

(3) Término que se emplea para referirse a personas de Oriente Próximo, África del Norte y del Sur de Asia.

Artículo original en inglés:

Racism and the Death Penalty, publicado el 8 de octubre de 2020.

Traducido por Beatriz Morales Bastos para Rebelión.

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