Sanciones de EE.UU. afectan seguridad y bienestar de los venezolanos

Las sanciones económicas implementadas por Estados Unidos afectan hoy la seguridad y bienestar de la población venezolana, denunció el Gobierno ante las nuevas medidas unilaterales anunciadas desde Washington.

El blanco de las acciones coercitivas resultó ahora en el Banco Central de la nación sudamericana (BCV), encargado de prestar los principales servicios financieros de la República, centralizar y administrar las reservas monetarias internacionales y formular e implementar la política monetaria del país.

Al rechazar el nuevo episodio en el ya largo historial de agresiones a la economía venezolana, las autoridades de Caracas indicaron que la institución desempeña un rol fundamental en la adquisición de medicamentos, alimentos y otros bienes esenciales para el consumo de todo el pueblo, según un comunicado de la Cancillería.

Subrayó que el BCV juega un papel clave en la estabilización de la economía frente al asedio constante de Estados Unidos, cuya intención es sacar del juego esta herramienta, impedir sus operaciones y su relación con prestadores de servicios financieros estadounidenses y globales.

Anunciadas por el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y ratificadas por el Departamento del Tesoro, las recientes medidas pretenden restringir las transacciones con esa entidad y prohibir su acceso a dólares norteamericanos.

En tal sentido, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que el BCV enfrentará y superará ‘con la ley en la mano y con dignidad’ las sanciones que se pretenden imponer contra la institución monetaria y financiera fundamental del país sudamericano.

Tras el reconocimiento el 23 de enero del autoproclamado ‘presidente encargado’ Juan Guaidó, Estados Unidos recrudeció el asedio económico contra Venezuela mediante el recrudecimiento de acciones coercitivas contra los sectores petrolero y financiero, con el fin de provocar la caída del Gobierno constitucional.

En su afán por sacar del poder a la Revolución bolivariana, el Gobierno estadounidense incrementó su hostilidad económica hacia la nación sudamericana, con la finalidad de producir un ‘cambio de régimen’ mediante un bloqueo que obstruye el acceso a alimentos, medicinas, bienes básicos y financiamiento internacional.

Un informe publicado por la Cancillería venezolana ubicó las pérdidas globales para la economía por las sanciones en 23 mil 238 millones de dólares -solo entre agosto de 2017 y diciembre de 2018-, mientras el valor de los activos congelados en Estados Unidos ascendió a 30 mil millones.

En el mismo período el impacto del bloqueo en la industria petrolera -principal fuente de ingresos del país- significó una caída de 20 mil millones de dólares en ingresos, así como un descenso en la producción en el orden de 500 mil barriles de crudo diarios.

El pasado 28 de enero el Gobierno de Donald Trump amplió las sanciones a Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Como resultado, todos los bienes e intereses de la estatal petrolera bajo la jurisdicción de Estados Unidos quedaron bloqueados.

En dicho decreto ejecutivo, la Casa Blanca reconoció al diputado opositor Juan Guaidó como ‘presidente interino’ y modificó una normativa anterior para garantizar que el Gobierno legítimo y constitucional de Nicolás Maduro continuará en el foco de las sanciones.

El recrudecimiento de las sanciones de Washington y su negativo impacto en el bienestar de los venezolanos no encuentra mención dentro del discurso de los sectores políticos que promueven la existencia de una crisis humanitaria con el fin de justificar una intervención extranjera en la nación suramericana.

De acuerdo a lo expresado por el Relator de las Naciones Unidas para un Orden Democrático Sostenible, Alfred de Zayas, en su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el bloqueo a Venezuela constituye un acto consciente de violación masiva de los derechos humanos y debe ser considerado un delito de lesa humanidad.

William Urquijo Pascual

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