Víspera de cumplirse un año del que muchos en Brasil recordarán como ”Día de la infamia”, Michel Temer reconoció que el golpe perpetrado contra la presidenta constitucional Dilma Rouseeff fue consecuencia de no someterse al chantaje de Eduardo Cunha.

Y no solo eso, sino que -sin mucho recato- comentó: mire que cosa curiosa, si el Partido de los Trabajadores hubiera votado (a favor del entonces titular de la Cámara de Diputados) en la Comisión de Ética (que lo juzgaba por quiebra del decoro) ‘es muy probable que la señora presidente continuase’ en su cargo.

Lo cierto es que la acción iniciada por Cunha en la Cámara baja el 17 de abril de 2016 y respaldada por 367 diputados federales quienes alegando las razones más inverosímiles decidieron admitir el pedido juicio político con fines destituyentes coarta el segundo mandato de una gobernante electa por más de 54 millones de brasileños.

‘Fuera de la democracia lo que existirá será el caos y la incertidumbre permanente’, advirtió a la sazón el ex presidente Luz Inácio Lula da Silva y los acontecimientos, desde entonces, vienen dándole la razón. Fruto del golpe de Estado parlamentario-judicial tomó las riendas del país un gobierno de hombres blancos y viejos, sin mujeres ni negros, con varios de sus integrantes citados en la operación anticorrupción Lava Jato y que, con Temer al frente, puso en marcha un programa neoliberal rechazado cuatro veces en las urnas desde el año 2002.

Fue así que se aprobó el que analistas catalogan como el mayor golpe a los derechos sociales inscriptos en la Constitución de 1988: la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 55), que limita los gastos públicos gubernamentales por 20 años y cuyas consecuencias sentirán sectores como la salud, educación y los programas sociales.

A la llamada ‘PEC del fin del mundo’ le siguieron otras dos propuestas similares, también impulsadas por Temer y que generaron igualmente un amplio rechazo popular: las reformas del sistema de pensiones y para la flexibilización de la legislación laboral, ambas tramitándose por ahora en la Cámara de Diputados.

Eso, sin olvidar la promulgación a toda prisa de la ley que amplía la subcontratación (tercerización) a todas las actividades y que, según el criterio de las centrales sindicales, lejos de promover y proteger el empleo -como alega el gobierno- lo precariza en momentos cuando la tasa de desocupación exhibe niveles elevados como nunca.

Contrario a sus promesas de recuperación de los puestos de trabajo, Temer enfrenta hoy el más alto índice histórico de desocupación, con 13,5 millones de desempleados. Una situación que no promete mejorar en el contexto de una economía que tampoco da signos claros de reactivación.

No por gusto, y según una encuesta del Instituto Vox Populi, apenas un cinco por ciento de los brasileños catalogan como positiva la gestión de Temer, mientras el 68 por ciento valora negativamente el desempeño del titular del Ejecutivo.

Eso tiene una explicación y la dio la propia Dilma: existe una parálisis absoluta ante todo lo que está sucediendo, porque quienes dieron el golpe ahora no saben qué hacer.

Moisés Pérez Mok

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