A cuatro años de un golpe de estado en Kiev, perpetrado por la derecha, una paupérrima situación socio-económica parece obligar al gobierno ucraniano a ir a la guerra en la zona del Donbass como maniobra de distracción.

Cada vez son más frecuentes las informaciones que presagian la posible preparación de una campaña militar a gran escala del ejército ucraniano contra las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, en violación de los acuerdos de Minsk, pactados en 2015.

Donetsk presentó las confesiones de un espía del servicio de inteligencia ucraniano sobre el movimiento de gran cantidad de depósitos de combustible y la suspensión de pases a militares, en zonas cercanas a la línea de confrontación.

De hecho, oficiales del Estado Mayor ucraniano llegaron a especular sobre una fecha para una supuesta agresión a gran escala de Rusia, un argumento que parece buscar una justificación a la preparación de la guerra en Ucrania contra las regiones rebeldes del Donbass.

Además, el servicio de inteligencia de Donetsk se refirió a la llegada de un batallón de miembros del partido ultranacionalista Sector de Derecha, alistados en la Guardia Nacional, a zonas cercanas a la franja neutral entre las partes enfrentadas.

Todo ello ocurre después que entró en vigor la llamada ley de reintegración del Donbass que declara a Rusia como país agresor y a Donetsk, Lugansk y Crimea como territorios ocupados, mientras pasa el mando de las operaciones a las fuerzas armadas.

La otra cara

El gobierno del presidente Piotro Poroshenko toca los tambores de la guerra en medio de una delicada situación económica, cuando la deuda pública sobrepasa los dos billones 100 mil millones de grivnas (unos 77 mil 700 millones de dólares).

La deuda ya equivale al 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), informó la representante de la Tesorería Tatiana Sliuz.

Ucrania debe pagar anualmente unos cuatro mil 700 millones de dólares, es decir, casi 1,5 veces por encima del crédito que debe otorgarle el Fondo Monetario Internacional (FMI) en este año.

De hecho, el Banco Nacional de Ucrania y el ministerio de Finanzas deben pagar 12 mil 100 millones de dólares al FMI. De 2018 a 2020 serían unos 16 mil millones de dólares, mientras el pico de ese desembolso sería en el tramo 2019-2020.

Ello ocurre cuando se conoce sobre un crecimiento del PIB en 2,1 por ciento en 2017, pero con una inflación de 13,7 puntos.

Cuando la deuda crece mucho más rápido que la economía y la productividad del trabajo, se hace casi imposible el pago de la deuda, comenta el semanario Zerkalo Nedeli.

El FMI conoce esa situación y espera aprovecharla para imponer sus condiciones políticas a Kiev, incluida una reforma energética, con un alza de la tarifa doméstica del gas, y la formación de un tribunal anticorrupción que ponga fin al auge de la economía subterránea.

A ello se unen revelaciones bien incómodas de actores directos de la provocación organizada hace cuatro años en la Plaza de la Independencia, cuando se disparó a policías y participantes en protestas contra el gobierno del presidente Viktor Yanukovich.

Para forzar el enojo popular, francotiradores apostados en edificios céntricos dispararon por igual contra policías y manifestantes, con saldo de al menos un centenar de muertos, tras lo cual la derecha, apoyada en neofascitas, sacó a Yanukovich del poder.

Muchos de quienes ordenaron tales acciones criminales, comenta la televisión capitalina, se encuentran ahora en puestos claves del Gobierno y el relance de los combates en Donbass podría desviar la atención de la opinión pública ucraniana.

El argumento de la amenaza rusa y de contener al ‘agresor’ en Donbass, aparecen como pretextos ideales para la clase política del vecino país, sumida en una profunda corrupción, como lo denuncian los propios europeos, pese a su cercanía con Kiev.

Antonio Rondón García

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