Ucrania y la construcción del precipicio político

A cuatro años de un golpe de Estado en Kiev, cuando se impuso un gobierno de derecha con apoyo neofascista, Ucrania parece cavar un precipicio político cada vez más cercano a una guerra en la zona del Donbass.

Los argumentos de Ucrania sobre una agresión rusa y la ocupación de Crimea y el Donbass justificarían una acción bélica a gran escala en el sureste y ayudarían a los intentos del presidente Piotro Poroshenko de perpetuarse en el poder.

Poroshenko firmó la llamada ley de reintegración del Donbass. En ella se declara oficialmente a Rusia como nación agresora, aunque Kiev en ningún momento ha podido mostrar pruebas creíbles de esa afirmación.

De hecho, Ucrania lleva al caso al Tribunal Internacional de la Haya con acusaciones contra Rusia por violar al menos dos convenciones de la ONU, uno sobre lucha contra la discriminación y el racismo, y otra sobre financiamiento al terrorismo.

La primera estaría se refiere a la discriminación de ucranianos y tártaros crimeos, algo que el Gobierno de la península desmiente con argumentos como las estadísticas de escuelas y otras instituciones para esas minorías.

El segundo argumento ni siquiera La Haya se atrevió a tenerlo en cuenta para un análisis, pues se pretende situar a todos los pobladores de Donbass como terroristas.

Tales acusaciones reflejan la esencia de una mentira propalada por el Gobierno de Poroshenko, que al llegar a este 21 de febrero parece olvidar acontecimientos de hace cuatro años.

Resulta que ahora aparecen testigos o, mejor dicho, participantes directos en provocaciones de la derecha para tomar el poder, aunque no parecieron estar solos en esas acciones.

Un grupo de exfrancotiradores georgianos, muchos de ellos entrenados por asesores estadounidenses para combatir en Osetia del Sur, fueron llamados a filas por un antiguo ayudante del antiguo mandatario Mijail Saakashvily.

Para esa época, Saakashvily, poco después de perder los comicios en su país, les encomendó estudiar la Plaza de la Independencia (Maidan Nezelezhna) en Kiev para un posible escenario violento, mucho antes del golpe de Estado.

El 20 y 21 de febrero 2014 se les dio la orden a los francotiradores de disparar, tanto contra manifestantes como contra los policías antimotines (Berkut), para crear el caos, revelaron los autores de esos hechos a la televisión rusa.

La aparición de casi una decena de muertos, aunque hubo agentes del orden fallecidos, en las protestas, fue el pretexto para una radicalización y acciones violentas de paramilitares.

Así, los neofascistas tomaron por asalto el Parlamento, el Gobierno, el Ministerio de Justicia y otras dependencias, antes de dirigirse a la residencia presidencial, de donde debió huir el entonces mandatario Viktor Yanukovich.

Los ultranacionalistas desataron una ola de asaltos y actos vandálicos no solo de las instituciones de gobierno, sino también de sedes de partidos específicos como el Comunista de Ucrania, posteriormente prohibido en esa nación.

En un Parlamento custodiado por neofascistas, se aprobaron leyes, incluida la eliminación del ruso como idioma oficial o la designación de un mandatario interino, en violación de la Constitución, en el que no existe ese cargo.

Mientras eso ocurría en Kiev, en Crimea, el Gobierno y Parlamento aplicaron medidas para evitar una repetición de asaltos y ocupaciones en esa península, similares a los realizados por neofascistas en otras regiones de Ucrania.

La existencia allí del contingente militar vinculado a la flota rusa del mar Negro garantizó su intervención en esos acontecimientos y evitó hechos sangrientos.

El 18 de marzo de 2014, se organizó en Crimea un referendo popular, avalado por la propia Constitución ucraniana que le permite a esa región una consulta con su población sobre un cambio de estatus.

Para abril de 2014, el Gobierno golpista ordenó una operación que calificó de antiterrorista en Donetsk y Lugansk, donde la población se reveló y protegió a sus instituciones. Prometieron buscar la forma de salir de la jurisdicción ucraniana.

De ahí, que la operación se llamó antiterrorista, aunque en realidad el papel de extremistas se le atribuyó a los defensores de la población, opuestos a los intentos de reivindicar ideas del revanchismo fascista en el sureste ucraniano.

Ucrania-2018

Cuatro años más tarde, Ucrania desea olvidar como fue el origen del conflicto en el Donbass y las causas que llevaron a un referendo en Crimea que la devolvió a la jurisdicción rusa.

Por eso, cuando Poroshenko firma una ley que sitúa a Rusia como agresor solo podría tener un objetivo: retomar la idea de una guerra a gran escala en el Donbass, un conflicto que pareció darle argumentos para mantenerse en el poder por cuatro años.

Además, la ley de reintegración del Donbass, con una votación dividida en la Rada Suprema (parlamento unicameral) elimina de todo su texto alguna mención sobre los acuerdos de Minsk que el 15 de febrero cumplieron tres años de pactados.

Occidente repite incansablemente la necesidad de que Rusia cumpla los acuerdos de Minsk.

Pero parece olvidar que la avenencia prevé un fin de hostilidades, retiro de armamentos pesados de la línea de confrontación, amnistía, intercambio de prisioneros, estatus especial para Donetsk y Lugansk, y el regreso del control de Kiev sobre su frontera suroriental con Rusia.

En ningún momento en la avenencia se sitúa a Moscú como participante en el conflicto o como una de las partes a las que se refiere el acuerdo en el Donbass.

De cualquier forma, en medio de una difícil situación socioeconómico, con dificultades para pagar deudas y otras complicaciones internas, Ucrania asiste a la construcción de nuevos escollo que la acercan más a la guerra que a la paz en el Donbass.

Ello incluye la formación de un mando único militar para operar en el sureste ucraniano, el permiso del Pentágono para pertrechar a las fuerzas armadas y la posible creación de una zona desestabilizada cerca de Rusia, cuando se acercan las presidenciales en este país.

Antonio Rondón García

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