Se inició, luego de 8 años, el juicio contra el cuatro veces candidato a la presidencia de Chile y amigo del presidente Alberto Fernández, Marco Enríquez-Ominami, en el que es uno de los capítulos menos conocidos de lawfare en Latinoamérica, aunque también uno de los más interesantes.
Interesante, entre otras razones, porque la persecución judicial y mediática contra él, desahució un movimiento político antes de llegar al poder, cuando estaba en su mejor momento de popularidad, lo que ocultó las consecuencias del caso. Por otro, porque las banderas de este movimiento, que buscaba transformar el país por las vías institucionales, terminaron siendo las demandas del estallido anti-institucional chileno de 2019, el cual, sin liderazgos, no fue capaz de concretar cambios reales. Tercero, porque el lodazal de acusaciones contra Marco despejó el camino y la imagen de Sebastián Piñera, el candidato de la derecha en 2017, cuando este se postulaba a una segunda presidencia, pese a haber estado involucrado en varios actos de corrupción, desde el fraude a un banco hasta su aparición en los Pandora Papers.
Finalmente, porque en el lawfare contra Enríquez – Ominami queda meridianamente claro que uno de los elementos fundamentales en la trampa de los lawfare es su estética: proscribir de la política a alguien, metiéndolo en un torbellino kafkeano, que consiste en un proceso fundado en una acusación difusa y que mezcla al acusado, en el mismo juicio, con personas también mediáticas, pero acusadas por faltas totalmente distintas, en contextos muy diferentes y por faltas graves. En este caso, personas de derecha que ocuparon cargos políticos durante el período de los supuestos delitos, y que por tanto sí tuvieron discreción sobre leyes, decisiones y recursos públicos. El mecanismo se resume bien en un viejo refrán chileno: un chancho embarrado, quiere embarrar a otro.
El abogado Roberto Garrido, especialista en temas de probidad pública, resume este punto con precisión en una columna recientemente publicada en el sitio especializado “enestrado.com”. Sostiene el jurista: “es sabido que don Pablo Longueira -el otro acusado en el juicio- y el Sr. Marco Enriquez-Ominami no tienen cercanía personal ni afinidad política entre ellos. Tampoco se les acusa por un mismo hecho, ni por el mismo delito. La prueba para cada caso es distinta, no hay un nexo racional que permita jurídicamente entender porque se hayan agrupado todos estos hechos para convertir el caso SQM en un mega caso que, por su volumen, aún no es posible ni siquiera ordenarlo para el Tribunal y los intervinientes (…) Si cada juicio hubiera sido visto por separado, estos juicios probablemente ya se habrían realizado, con la certeza jurídica de culpabilidad o inocencia, actuando con criterios de eficiencia, eficacia y economicidad, que colaboran en la necesaria confianza de la comunidad en el sistema de justicia y persecución penal, y con ello a nuestro Estado de Derecho
El sistema penal chileno se reformó recientemente para llevar a la práctica los principios de presunción de inocencia, de inmediación, de única persecución y de juicio previo y debido proceso. Pero el lawfare, como en tantas partes, logró sacar la humanidad del sistema y llevarlo a la premodernidad, donde no importa si el acusado cometió o no un delito: lo que importa es convertirlo en culpable.
Daniel Flores
Daniel Flores: El autor es Antropólogo y Doctor en humanidades. Miembro del Grupo Académico del Grupo de Puebla.
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