En un reciente artículo publicado en el portal del Consejo de relaciones Exteriores de Estados Unidos, Elliot Abrams criticó la política de la Washington hacia Venezuela bajo la actual administración de Joe Biden.
Abrams señala que durante el gobierno de Donald Trump, la política estadounidense hacia Venezuela era dura y se aplicaban sanciones integrales. Sin embargo, en los últimos dos años se ha reducido considerablemente el “esfuerzo” por imponer sanciones.
Abrams, político y diplomático estadounidense que trabajó para los presidentes Ronald Reagan y George W. Bush y fue representante especial para Irán y Venezuela durante el gobierno de Donald Trump, fue condenado por el escándalo Irán–Contra mientras servía a Reagan, pero fue indultado por George H. W. Bush.
Abrams cuestiona el enfoque basado en negociaciones con el presidente venezolano Nicolás Maduro, debido a que no se han logrado los cambios políticos esperados. En su artículo hace referencia a la inhabilitación de la precan didata opositora María Corina Machado, así como a la democracia y los asuntos relacionados con el funcionamiento del sistema político venezolano.
El politólogo y analista Leopoldo Puchi señala que estos han sido los los argumentos utilizados por Washington para intervenir en la política interna del país, una actuación que ha ido en contra de las normas internacionales y las disposiciones de Naciones Unidas. El objetivo central de EEUU en relación con Venezuela ha sido la apropiación de sus reservas petroleras y su alineamiento en la órbita estadounidense.
Hasta ahora, las políticas diplomáticas implementadas por la administración de Biden no han logrado este objetivo. Trump expresó que su estrategia de imponer sanciones había provocado un colapso en Venezuela, pero que la administración de Biden no había aprovechado la situación para tomar el control de la producción petrolera venezolana en lugar de tener que comprarla.
En realidad, las críticas de Abrams son exageradas, porque en realidad la política de EEUU hacia Venezuela no ha experimentado cambios sustanciales. Cuando Biden llegó a la presidencia, el intento de derrocamiento organizado por Trump ya había fracasado: no logró generar una implosión social ni se pudo ejecutar un levantamiento militar.
Otras acciones, como la operación Gedeón (invasión de exmilitares venezolanos, mercenarios estadounidenses y colombianos) en mayo de 2020, tenían escasas posibilidades de salir bien por lo que se retiró el apoyo de los servicios de inteligencia. La Operación Gedeón es un asombroso cuento de arrogancia, incompetencia y traición, señaló la BBC. Dos estadounidenses fueron sentenciados a 20 años de cárcel.
En febrero de 2019, Jordan Goudreau fundó Silvercorp USA, una empresa de seguridad, que fue contratado para brindar seguridad en el concierto patrocinado por el millonario Richard Branson en el lado colombiano de la frontera con Venezuela. El propósito del concierto era presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que permitiera la entrada de donaciones humanitarias a territorio venezolano.Luego, el mismo Goudreau intentó la invasión y dos de sus hombres, Luke Denman y Airan Berry, fueron apresados y condenados a 20 años de cárcel.
Goudreau dijo que tenía respaldo financiero, personas que invertirían en la operación militar y obtendrían recompensas económicas bajo un gobierno liderado por Guaidó en Venezuela. El 16 de octubre de 2019, se firmó un contrato por un operativo «para capturar, detener o remover a Nicolás Maduro, derribar al actual régimen e instalar al presidente reconocido de Venezuela Juan Guaidó». Goudreau recibiría un anticipo de 1,5 millones de dólares y después recaudaría más de 200 millones más.
El mes anterior al concierto, Juan Guaidó se había declarado presidente «encargado» de Venezuela. En un desafío directo a Maduro, y con el apoyo y financiamiento de Estados Unidos. Más de 50 naciones lo reconocieron como mandatario, siguiendo el ejemplo de Washington.
El 23 de marzo de 2020, las autoridades colombianas descubrieron un camión cargado de material militar que incluía rifles de asalto. Tres días después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al general Clíver Alcalá de «narcoterrorismo» y ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por su captura.
Se entregó luego de recurrir a las redes sociales para señalar que las armas capturadas en Colombia eran propiedad del pueblo venezolano «en el marco del acuerdo realizado por el presidente Juan Guaido, J.J. Rendón y asesores estadounidenses», en referencia al contrato que la comisión de Guaidó había dado por terminado meses atrás.
Juan José Rendón, quien se presentaba como “responsable del comité de estrategia de Guaidó”, reconoce haber firmado un contrato en octubre del 2019 con la contratista militar estadounidense Silvercorp, lo que dejaba en claro la existencia de un intento de capturar/asesinar a Maduro, los principales dirigentes del gobierno y perseguir al chavismo en sus diferentes niveles para abrir puertas a un enfrentamiento armado interno.
Desde la Orden Ejecutiva de Obama del 2015, sigue faltando un análisis serio y basado en hechos (tipo la no liberación de recursos en bancos europeos para la compra de vacunas contra el COVID) que demuestran que la «flexibilización en la aplicación de las sanciones» ha sido, en realidad, un mero ajuste en el área petrolera por la guerra en Ucrania, con un impacto marginal sobre los ingresos fiscales del gobierno venezolano.
Lo que no termina de entender Washington es que el problema radica en que la gran mayoría del pueblo venezolano abrazó el ideario chavista y que la minoría de derecha ha demostrado con creces, empezando por el «Carmonazo», que no encuentra el camino, pese a la inversión económica y las campañas de terror mediático de la prensa hegemónica mundial.
La oposición enfrenta los efecto derrota con sus consecuentes enfrentamientos, pérdidas de credibilidad y fuerza, y sostiene su unidad y mando. EEUU trata de aprovechar las falencias y contradicciones del proceso venezolano para multiplicarlas con las sanciones y asfixiar al país rebelde, mientras se usa la maquinaria mediática para proclamar lo contrario y atribuir las causas únicamente a las mencionadas falencias internas.
Mientras, la Unión Europea no quiere quedar fuera: Su alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó en la cumbre con los presidentes de América Latina y el Caribe como una «buena iniciativa para aproximar posiciones» entre el gobierno y la oposición venezolana, en aras de unas elecciones presidenciales «inclusivas», la reunión auspiciada por él mismo y los mandatarios de Colombia, Argentina, Brasil y Francia, aunque «no hubo muchos acuerdos».
Borrell añadió que «el problema es cómo avanzar a la vez en el levantamiento de las sanciones, progresivamente, por parte de Estados Unidos».
Álvaro Verzi Rangel
Álvaro Verzi Rangel: Sociólogo y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la).
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