Globalización

La omisión legislativa sostenida por desacato de la Asamblea Nacional (AN), obligó constitucionalmente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a asumir algunas de las competencias del Poder Legislativo, aseguran hoy expertos y penalistas.

Ciertamente en Venezuela no hay un autogolpe de Estado como dicen sectores adversos al gobierno del presidente Nicolás Maduro, más bien existe una lectura de las leyes del país apegadas a la Constitución, señalan penalistas como el exfiscal general de la nación Isaías Rodríguez.

Tras las declaraciones de Luisa Ortega, actual Fiscal General de Venezuela, quien sostuvo que se había roto el orden constitucional cuando la Sala Constitucional del TSJ emitió el pasado miércoles 29 de marzo la sentencia N° 156 en la que indica que, ante la omisión legislativa sostenida por desacato de la AN, algunas de las competencias del Poder Legislativo serán asumidas por la instancia judicial, se arreció el ambiente de confrontación.

Sin embargo, el revuelo creado parece más algo fabricado y parte de la guerra que enfrentan las autoridades venezolanas, según se mueven los acontecimientos.

La derecha nacional e internacional vocifera y asegura que se gesta un autogolpe de Estado, que hay ruptura del orden constitucional y demás teorías, pero la realidad muestra que están detrás de estas acciones.

Para pesar de los enemigos de la Revolución Bolivariana, el artículo 336 de la Constitución de esta nación, numeral 7, establece que el TSJ en Sala Constitucional le corresponderá decidir en caso de omisión legislativa.

Así los actos de la AN son ineficaces porque se encuentra en desacato, lo que obliga al TSJ a asumir su papel para garantizar el cumplimiento de los fines del Estado, para garantizar la democracia y el Estado de Derecho, señaló la especialista María Alejandra Díaz, citada por Resumen Latinoamericano.

Los convenios internacionales deben ser validados por el Poder Legislativo y por ejemplo, si Venezuela, en esta coyuntura económica que tiene, logra un acuerdo con una empresa extranjera, este debe ser sometido a la Asamblea Nacional.

Según Díaz, ‘si ese acuerdo equivale a una inversión de 20 mil millones de dólares en el país sabiendo los problemas que tenemos, el Presidente se vería impedido de firmar ese convenio porque la Asamblea Nacional se encuentra en desacato’.

Ante eso, precisó, el TSJ debe actuar para proteger los intereses colectivos del pueblo venezolano, y es por eso que decidió entonces que el Presidente puede firmar el convenio con las empresas mixtas, y debe presentarlo ante el ente judicial, ya que los actos que esa Asamblea Nacional que se encuentra en desacato dicte, son nulos.

Ese es el problema de fondo que se está presentando en el país, es la obstrucción sistemática de una rama del Poder Público al resto de los Poderes Públicos, según subrayaron Díaz y otros prestigiosos analistas y políticos

Aunque voces adversas propagan una falsa noticia sobre la disolución de la AN por el presidente Maduro, nada de eso ocurrió, solo que ese foro legislativo está en una situación especial porque desconoce la sentencia del TSJ, se encuentra en desacato y por lo tanto, todos sus actos son ineficaces y nulos.

Según la opinión de la experta, lo que prueba la posición de la Fiscal General de la República es que en Venezuela: uno, hay división de poderes, separación de poderes; dos, es su opinión personal y, por lo tanto, se respeta la libertad de expresión.

Prensa Latina