Globalización

Alrededor de las 11 de la mañana del 28 de enero de 1982, las fuerzas especiales de la policía allanaron un apartamento en Via Pindemonte, 2 en Padua, donde el general de los EE UU, James L. Dozier, estaba preso.

El general había sido secuestrado un tiempo atrás en Verona por la guerrilla marxista de las Brigadas Rojas, activa en Italia desde los años setenta. Dosier fue liberado y los cinco brigadistas arrestados (hombres y mujeres) salvajemente torturadas durante días, de la misma manera como a menudo se describe en los testimonios de los sobrevivientes de las dictaduras del Cono Sur.

Dos años después, un informe muy prudente de Amnistía Internacional registra un “aumento alarmante en los informes de malos tratos” de los detenidos en los primeros tres meses de 1982. Los informes, según escribe la organización, se refieren a casos de tortura o malos tratos ocurridos entre el arresto y el traslado a la prisión, estaciones de policía, y otros lugares que presumiblemente no se pueden identificar porque los detenidos estaban encapuchados o con los ojos vendados.

Los métodos de tortura reportados en el informe de Amnistía incluyen “palizas prolongadas y obligar a los arrestados a beber grandes cantidades de agua salada. También se han reportado quemaduras con colillas de cigarrillos, chorros de agua helada, torceduras de pies y pezones, rasgaduras del cabello, apretar los genitales y el uso de descargas eléctricas”. Otros testimonios confirmados por hallazgos médicos, hablan de torturas de naturaleza sexual sufridas por algunas guerrilleras. Y se denuncian las falsas ejecuciones, dentro y fuera de las cárceles especiales, donde las palizas, los malos tratos y las privaciones psicosensoriales están a la orden del día, especialmente en ese año.

En julio de 1983, cuatro agentes de policía que habían sido objeto de estas denuncias fueron declarados culpables de “abuso de autoridad” cometido durante los interrogatorios. Serán condenados a penas de un año a 14 meses, con el beneficio de la condicional. Un quinto es absuelto porque en las elecciones parlamentarias de junio fue elegido diputado, beneficiándose así de la inmunidad parlamentaria. En Italia, hasta la fecha no hay en los códigos el delito de tortura y esos policías serán absueltos en apelación. El militante de las Brigadas Rojas Cesare di Leonardo, que a pesar de la tortura no se ha arrepentido, todavía cumple una cadena perpetua en una prisión especial, una de las establecidas, con un simple decreto ministerial, en mayo de 1977.

Una operación confiada al arma de los carabineros bajo el mando del general Carlo Alberto Dalla Chiesa: por lo tanto, una decisión del Estado. La noche entre el 16 y el 17 de julio de 1977, en gran secreto y con gran despliegue de fuerzas y medios, sobre todo helicópteros, un centenar de compañeros y compañeros y presos particularmente activos y politizados se transfiere a aquellos que se caracterizarán como verdaderos campos de concentración, contra los cuales los presos políticos lucharán con todas su fuerzas.

Sin embargo, es interesante volver al informe de Amnistía Internacional sobre la tortura. Para la organización humanitaria es necesario subrayar que: “a lo largo del período en cuestión, Italia ha sido escenario de violentos ataques contra instituciones estatales por parte de grupos armados. Como resultado de esto, en los últimos años, se ha introducido un aumento en los poderes de la policía en la legislación para combatir dicha violencia. El ejemplo más reciente de legislación de este tipo fue el Decreto Ley n. 652, presentado en diciembre de 1978 y convertido en ley en febrero de 1980 como “Medidas urgentes para la protección del orden democrático y la seguridad pública”.

Amnistía concluye su informe diciendo que había pedido explicaciones al entonces ministro del Interior, Virginio Rognoni, expresando sus “preocupaciones”, pero nunca recibió una respuesta del gobierno italiano.

Desde entonces, en Italia, varios gobiernos han ido y venido, la “segunda república” ha pasado, pero un velo de maya ha descendido sobre las razones y los costos de ese conflicto, lo que ha permitido a los vencedores reescribir la historia a su manera: la historia de una “democracia” atacada por un puñado de “terroristas”, culpables de todos los males.

Como resultado del impulso del “centro-izquierda”, se aprobó una ley que hace que sea prácticamente imposible aprobar en el parlamento una disposición de amnistía para los presos políticos (más de 5.000 en total). Y a los que siguen en prisión se les está aplicando formas de tortura basadas en el artículo 41 bis, previsto por el sistema penitenciario. Tortura siempre negada por el Estado italiano, que afirma haber “resuelto” ese conflicto armado respetando las “reglas de la democracia”. Lástima que, recientemente, uno de los líderes de esos escuadrones de torturadores, llamado “Dr. De Tormentis”, confesó a un periodista la existencia sea de lugares de tortura clandestinos, sea la tortura denunciada por los sobrevivientes y sus abogados.

Pero no termina ahí. Avancemos un poco más en el tiempo, en Génova en el 2001. El 20 de julio, durante una gran manifestación pacífica del movimiento altermundialista contra el G8, un carabinero mata a un manifestante muy joven, Carlo Giuliani, quien es arrastrado varias veces, todavía vivo, desde el vehículo blindado. Después viene una feroz represión por parte de la policía y los guardias de la prisión, que proceden a torturas en masa dignas de una película de terror.

Luego de una larga batalla legal, durante la cual algunos de esos policías acusados de torturas serán promovidos a tareas de investigación de alto nivel y se producirá una desorientación en la investigación, el Tribunal de Cuentas condenará a 24 ejecutivos y policías responsables de ese “carnicero mexicano” a compensar al Estado con 3 millones de euros. En el 2011, sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos absolvió al gobierno italiano de todas las acusaciones de haber contribuido indirectamente a la muerte de Giuliani, culpable de haber empuñado un extintor de incendios contra los carabineros blindados.

¿Qué queremos decir con esto? Mientras tanto, incluso esas grandes agencias del humanitarismo, tan diligentes en condenar a los gobiernos que a los Estados Unidos no les gustan, como Cuba o Venezuela, callan o justifican los excesos e incluso la tortura “como consecuencia” de los ataques recibidos de gobiernos “democráticos” por parte de la lucha de clases: sea una lucha armada, como en el caso de las Brigadas Rojas de los años 70 y 80, sea una lucha desarmada como en el caso de los manifestantes altermundialistas de Génova.

En ambos casos, el Estado burgués mostró su verdadera cara. Pero este es el análisis de los comunistas, que entienden la historia como una lucha de clases, como un choque de intereses entre el capital que utiliza todos los medios para obtener ganancias, y los pueblos organizados decididos a cambiar las cosas.

Y si nos mudamos a América Latina, las cosas se vuelven aún más claras. ¿Qué tipo de detención se impone a los presos políticos en Colombia, cuántos asesinatos se llevan a cabo con la complicidad del aparato estatal? ¿Cuántos fueron torturados y siguen siendo torturados en Honduras y en Guatemala? Un ejemplo de violaciones a los derechos humanos, reiteradas e ignoradas por todo el mundo, es lo que sucede en Perú, donde los presos políticos de ochenta años son torturados y dejados en cárceles militares desde los años 80, y cuando termina la sentencia, reciben otras condenas más. E incluso en ese caso, el régimen no quiere hablar de amnistía…

Y sin embargo, el gobierno bolivariano de Venezuela siempre está bajo acusación. Unos días antes del debate de la ONU sobre los derechos humanos, que sigue a la visita de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, como una cereza del pastel, estalla el caso de la muerte del ex militar Rafael Acosta Arévalo, que se llevaría a cabo bajo tortura. Arévalo fue uno de los golpistas arrestados por planear masacres y asesinatos en Venezuela.

Frente a las acusaciones de la oposición, cuyos repetidos crímenes siempre encuentran alguna justificación por parte de ciertos defensores de los “derechos humanos”, el gobierno bolivariano promete hacer luz sobre la muerte del ex militar. Asegura que la tortura no es una política estatal, y señala que, entre agosto de 2017 y mayo de 2019, hubo 104 condenas por uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, y 335 funcionarios y agentes del Estado están en prisión y bajo investigación por violación de los derechos humanos.

¿Cuántos agentes estatales han sido sentenciados en Chile por la dictadura de Pinochet, cuántos están bajo investigación por crímenes cometidos en la actual “democradura”? ¿Y en Colombia, Argentina, Guatemala o en los Estados Unidos donde incluso los niños son encarcelados?

Pero se dirá que el socialismo debe imponerse por medios distintos a los empleados por el enemigo. Y, de hecho, desde Chávez hasta Maduro, la Venezuela bolivariana se dedica a construir un socialismo humanista que se basa más en la creación de consenso que en la imposición. Un proceso que no se realiza de la noche a la mañana, especialmente porque, mientras tanto, el imperialismo no permanece inactivo. Más aún, mientras entretanto, la penetración de las mafias y el paramilitarismo están apuntando por encima de todos los barrios populares, para forzar al gobierno a caer en la trampa entre la represión o la impunidad. Una parte de ese personal policial, aún en funcionamiento, proviene de las “democracias” de la Cuarta República, donde los presos políticos fueron torturados, y donde se inauguró la triste figura del desaparecido, incluso antes de las dictaduras de Cono Sur.

Tanto en el momento del Plan Cóndor, en el momento de las masacres hechas por el Estado y los fascistas en Italia, como de la organización Gladio, cuanto en los tiempos del Plan Cóndor económico y financiero donde, sin embargo, los golpes de Estado no han desaparecido, sigue existiendo el choque sin cuartel entre la burguesía y los sectores populares organizados. La victimización de una parte o la santificación de la otra sirve solo para enmascarar la dura realidad de la lucha de clases y los costos que deben tomarse si uno realmente quiere cambiar las cosas. Entonces, en este caso, acusar a Maduro de ser un torturador servirá nuevamente para cubrir los ataques prometidos por Trump y sus títeres desde ahora hasta el próximo 5 de julio. Servirá para que nuevas violencias opositoras aparezcan como una “reacción justificada contra la dictadura”.

Lo que es más insoportable, es la hipocresía de ciertas “almas hermosas”, que invocan la horca en sus propios hogares, solo cambiándole de nombre para mantener sus manos limpias, pero de repente se vuelven pacifistas cuando se trata de defender a los peores estafadores y asesinos en la casa de otros, haciéndolos pasar por presos de opinión. Lo vimos en los grandes periódicos italianos, que guardan silencio sobre el asesinato del joven Figuera, quemado vivo por un grupo de “pacíficos manifestantes”, y sobre el hecho de que la placa fotografiada en la escena del crimen pertenece a un ciudadano italiano. Lo vimos con el arresto de una mujer italiana, tomada con armas y explosivos durante uno de los últimos intentos de “guarimbas” contra el gobierno bolivariano. Esos periódicos estaban indignados porque la señora tenía “incluso” el riesgo de una condena a veinte años bajo las leyes venezolanas.

En Italia, por otro lado, a los militantes de las Brigadas Rojas a pesar de ser condenados a cadena perpetua y aislamiento durante el día por “insurrección armada contra los poderes del Estado” se le negaron incluso la dignidad política de sus propios motivos. Y esto, incluso para cierta izquierda italiana dispuesta a acusar a Venezuela, es absolutamente normal.

Geraldina Colotti