Globalización

Luego de tres meses de negociaciones, el Ministerio de Economía argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron que finalizaron las negociaciones, aunque aún no se conoce la letra chica del acuerdo:  se alcanzó un acuerdo técnico que luego deberá ser elevado al Directorio del Fondo, lo que puede extenderse por dos o tres semanas… y el 31 de julio comienza el receso del organismo.

La firma sería el miércoles o jueves e incluiría un desembolso de 10.000 millones hasta fin de año, lo que despejará el horizonte de vencimientos. Si el board no aprueba el acuerdo antes del 31, Argentina podría hacer un pago en yuanes y recibir otra prórroga. El gobierno anunció un paquete de medidas fiscales y cambiarias.

Desde el Ministerio de Economía remarcaron que hubo un “fuerte respaldo e involucramiento de la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos para empujar el acuerdo”.

«Lo que se acordó es el term sheet, el documento base para el Staff Level Agreement que va a estar esta semana.Lo bueno es que se define un programa de trabajo para los próximos cinco meses y saca la discusión del Fondo del medio de la campaña electoral», señaló el ministro de Economía y precandidato presidencial oficialista, Sergio Massa

Las nuevas medidas del gobierno incluyen tipos de cambio más altos para importaciones y el agro. Así el ministro y precandidato presidencial oficialista, Sergio Massa, cede al Fondo que pide un dólar más caro, frenar la emisión y una poda más agresiva del gasto, aunque se ajustó 12 meses consecutivos descontando la inflación. También este mes hay vencimientos con el Fondo por 2700 millones de dólares.

Todavía no se conoce la letra del acuerdo, pero el FMI anticipó que el “acuerdo busca consolidar el orden fiscal y fortalecer las reservas reconociendo el fuerte impacto de la sequía, el daño a las exportaciones y los ingresos fiscales del país”. De lo que no  hay dudas de que el ajuste sigue. La fecha límite para el gobierno es el próximo lunes 31 de julio porque ese día debe pagarle al FMI  2.700 millones de dólares.

Massa  anunció que «a partir del 1° de septiembre ninguna economía regional va a pagar retenciones» y objetó a dirigentes de la oposición que previamente habían asegurado que se aplicaban retenciones a «200 economías regionales» y dijo al respecto que «no todo vale en la campaña». Precisó que «hasta el 31 de agosto quedan seis economías regionales que pagan retenciones y a partir del 1° de septiembre ninguna economía regional va a pagar».

La semana pasada Sergio Massa y la número uno del FMI Kristalina Georgieva se volvieron a encontrar vía virtual para concretar la negociación. El organismo disparó munición pesada con la publicación de su informe External Sector Report (ESR), que incluyó las recetas de siempre: devaluación, contrarreformas y ajuste.

El ministro candidato cedió ante los pedidos del Fondo de un salto del tipo de cambio oficial con una serie de medidas que los analistas ven como una devaluación encubierta porque se crean nuevos de tipos de cambios paralelos (más altos que el oficial) para un sector de los importadores y de los exportadores.

El paquete tiene dos objetivos: incrementar las reservas del Banco Central y aumentar la recaudación fiscal. En  el gobierno esperan sumar unos dos mil millones de dólares al BCRA y mejorar los ingresos fiscales en unos  1,3 billones de pesos hasta fin de año.

Todo indica que estas medidas impactarán en el ritmo de la inflación ya que los empresarios trasladarán a sus precios los mayores costos de importación de bienes y servicios.Las primeras señales desde la oposición política y el círculo rojo es que se está en presencia de una «devaluación encubierta» y una «suba de impuestos».

El marco del nuevo acuerdo fue la fuerte sequía y el hecho que las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de granos, retuvieran la cosecha, no la vendieran al exterior, esperando que les dieran más pesos por cada dólar que trajeran, lo que significó una gran merma de 20 mil millones de dólares en las exportaciones.

Las medidas

Se aplicaría un impuesto PAIS a las importaciones de ciertos rubros, habrá una nueva versión del dólar agro a 340 pesos para ciertas exportaciones, y se unificarán el tipo de cambio del dólar solidario y del dólar tarjeta, es decir será más caro el dólar ahorro.

Las medidas pueden tener efectos inflacionarios porque la estructura industrial importa bienes intermedios y de capital para producir, es decir que si el dólar es más caro se encarecerán sus compras y las patronales buscarán trasladarlo a los precios.

En 2022 el 71% del total de las importaciones fueron bienes de capital (como maquinaria), bienes intermedios (suministros industriales) y piezas y accesorios para bienes de capital; y en el primer semestre del año representaron el 74% del total de las importaciones. Por su parte, el dólar agro impacta en los precios internos porque encarece los insumos ya que las patronales agrarias pueden vender al exterior con un tipo de cambio más alto. El dólar soja y dólar agro significaron una enorme transferencia millonaria a los bolsillos de las patronales agrarias (más de 500.000 millones de pesos).

Quedarían exentos del tributo fletes, salud y educación, medicamentos, insumos y bienes intermedios vinculados a la canasta básica alimentaria, combustibles, entre otros.

–El dólar para la importación de servicios subirá un 25%. Para esto, se aplicará el impuesto PAIS (el mismo que se paga por la compra de dólar ahorro) con una alícuota del 25%. No aplica si el importador paga la contratación con sus propios dólares.

Las excepciones son tres. Uno, la contratación de servicios de salud y educación del exterior estarán exentos de este aumento. Dos, la contratación de servicios turísticos y musicales seguirán pagando el 30% (los recitales no deberían subir sus precios ya de por sí muy elevados). Tres, los fletes contratados en el exterior, que tendrán un aumento del 7,5% en el valor del dólar.

–El dólar para la importación de bienes será un 7,5% más caro. Se aplicará el mismo impuesto PAIS a todas las importaciones de bienes, incluidas las que se hacen desde zonas francas y Tierra del Fuego.

En este caso, las excepciones son: en primer lugar, los insumos y bienes intermedios vinculados a la canasta básica alimentaria; los combustibles; los lubricantes y los bienes vinculados a la generación de energía, seguirán sin pagar el impuesto PAIS. En segundo lugar, los medicamentos y el material para combatir incendios, que estarán exentos por el artículo 36 de la Ley 27.541 (la de emergencia votada en diciembre de 2019). En tercer lugar, los bienes suntuarios, que seguirán pagando el 30%.

Esta suba del 7,5% en el valor del dólar para importación de bienes no afectará a las importaciones temporarias, que son las que se hacen para producir un bien que luego se exporta. El caso más conocido es el de la industria automotriz, que importa el 70% de las piezas que conforman un vehículo que luego exportan.

–Nuevo dólar agro. El gobierno establecerá en  340 pesos el valor del dólar para las exportaciones de maíz y de dos docenas de productos agropecuarios vinculados a la actividad económica en las provincias (maní, arroz, algodón, etc). Estará vigente hasta el 31 de agosto.

–Sube el valor del dólar ahorro. Los 900 mil ahorristas que todos los mese compran 200 dólares para atesorar lo pagarán más caro desde este lunes ya que subirá la percepción del impuesto a las ganancias o a los bienes personales al 45% desde el 35% actual. Al valor del viernes último, implica una suba de $ 30 al pasar de $ 466,2 a $ 494,5.

Por el acuerdo previo, Argentina lograba que cada vencimiento de capital del stand-by firmado por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri se le conceda la refinanciación del mismo a 10 años. De esa manera, el último vencimiento de septiembre de 2024 se pagará en cuotas hasta septiembre de 2034.

El economista Horacio Rovelli recuerda que hasta el primer trimestre de 2023 se fue realizando tal lo acordado. Pero por la sequía y la falta de liquidación de las exportaciones de granos y sus derivados, el segundo trimestre de 2023 no se pudo cumplir con el déficit fiscal previsto, esencialmente por los menores ingresos de los Derechos de Exportación (retenciones) y por el mayor gasto de capital que implicó la construcción y llenado de gas del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

Esto fue acompañado por la disminución de las reservas internacionales del Banco Central y por la política de venderles a tipo de cambio oficial a grandes deudores privados. Finalmente el Banco debió asistir al Tesoro de la Nación, con lo que no se cumplió con las metas fiscales, de reservas y de emisión acordadas.

Esa fue la razón por la que el FMI no refinanció la cuota de capital del 30 de junio de 2023 y el gobierno debió juntar 2.700 millones de dólares para abonarla. Lo hizo por un lado con el equivalente a 1.700 millones de dólares en DEG (Derechos Especiales de Giro), que era lo último que quedaba de lo que el mismo FMI le había prestado al gobierno anterior de la coalición neoliberl Cambiemos, añade.

Y por otra parte, el gobierno actual consiguió que China le permitiera usar unos 1.000 millones de dólares en yuanes (la paridad es 7,25 yuanes por dólar) del swap que el país asiático le concede a la Argentina, cuya finalidad es pagar el déficit comercial a esa Nación.

La política de vaciamiento de las reservas internacionales del BCRA hace que no se pueda afrontar el pago de los intereses de la deuda pública que vencen el 31 de julio 2023 por unos 2.600 millones de dólares (ente ellos, 1.294 millones de dólares al mismo FMI).

La insistencia del FMI es que Argentina “debe unificar el tipo de cambio, fortalecer las reservas, tener una política monetaria restrictiva y eliminar en forma gradual los controles de capitales”, lo que no es otra cosa que una brutal devaluación, para que el capital extranjero compre por la mitad lo que vale el doble y, a su vez, al gobierno se le haga más caro pagar la deuda porque debe dar más pesos (recauda en pesos) para comprar la misma cantidad de divisas para cumplir con las obligaciones externas.

Clauidio Della Croce

Claudio Della Croce: Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la).