Defender el derecho a la protesta…también en Cuba

Los delitos de ‘sedición’ no pueden ser utilizados para juzgar una protesta callejera. El ‘ultraje’ de símbolos no puede justificar penas de cárcel. No deberíamos crear ‘zonas de excepción’.

Mientras nos ocupamos de la avalancha de cuestiones que parecen atosigarnos cada día en un mundo que no da respiro, en Cuba los tribunales han estado muy activos en estos meses condenando a decenas de manifestantes del 11-J de 2021 y referentes del Movimiento San Isidro (MSI).

El 11 de julio de 2021, miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades de la isla, con una gran proporción de sectores pobres y racializados. Era una imagen, sin duda, inhabitual. En ese momento, la represión –en la superficie– no fue mayor de la que podría haber ocurrido en otros países (incluso podría decirse que fue menor). Pero por lo bajo, la historia es otra. Muchos de los detenidos no fueron liberados, como suele ocurrir tras las protestas en las democracias occidentales, sino enjuiciados por delitos gravísimos y desproporcionados, con largas sentencias cuya única función es cancelar la posibilidad misma de nuevas movilizaciones, especialmente en un momento de tensiones económicas y de crecimiento de las desigualdades producto, en parte, de la unificación monetaria y de los efectos de la pandemia.

Lo que en el resto del mundo rechazamos como “criminalización” de la protesta, recargada. Pero a diferencia de otros regímenes anti-protestas, el gobierno cubano y sus medios suelen celebrar los levantamientos populares en diversas partes del globo… solo que “Cuba es distinta”.

Todo en Cuba “es distinto”. Una coartada perfecta para que podamos tener doble, triple y cuádruple vara para juzgar su realidad en relación a otras. Todo es distinto porque lo que en otros sitios sería simplemente una protesta –con o sin actos de vandalismo– en Cuba es el vector de la injerencia imperialista. Del gritar “Díaz Canel singao” al anexionismo monroísta hay medio paso. De esta forma, protesta es sinónimo de traición a la patria.

En este marco, no solo fueron condenados días atrás quienes protestaron el 11-J, sino también referentes del Movimiento San Isidro, por cargos que rechazaríamos en cualquier otro país, como el “ultraje a los símbolos patrios”. Es más, hasta 2021, Cuba tenía incorporado en el código penal la figura de la “peligrosidad predelictiva”, mantenida por presión del Ministerio del Interior pese a las críticas de varios juristas, que permitía a las autoridades arrestar personas por conducta antisocial aunque no hubiesen cometidos delitos.

El 13 de junio pasado, la Fiscalía General de la República informó que quedaron firmes 76 sentencias por los “disturbios” del 11-J. Prosigue indicando que “resultaron sancionadas 381 personas, incluyendo 16 jóvenes con edad entre 16 y 18 años, fundamentalmente por delitos de sedición; sabotaje; robo con fuerza y violencia; atentado; desacato y desórdenes públicos”. Luego detalla: “A 297 acusados se les impuso sanciones de privación de libertad, atendiendo a la gravedad y circunstancias en que ocurrieron los hechos y a la conducta personal. Por el delito de sedición los sancionados fueron 36, a los que se les impuso penas entre 5 y 25 años de privación de libertad. A 84 acusados, se les subsidió la sanción de privación de libertad por otras penas alternativas que no implican –en principio, bajo condición de buena conducta– su ingreso a prisión, disponiéndose para ellos las de trabajo correccional con y sin internamiento, y limitación de libertad; en esta decisión se encuentran incluidos 15 de los jóvenes con edades entre 16 y 18 años”.

La voz en off de un reportero del Sistema Informativo de la Televisión Cubana nos informó de que “los hechos pusieron en riesgo la tranquilidad y seguridad ciudadana”. El 11-J fue una acción orquestada “contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista”.

También fueron recientemente condenadas figuras del Movimiento San Isidro (por el barrio habanero con ese nombre) transformado en un espacio de disidencia político-cultural. El 27-N de 2020 hubo, por ejemplo, una sentada de algunas decenas de artistas, intelectuales, periodistas independientes y activistas frente al Ministerio de Cultura en favor de la libertad de expresión, algo que en cualquier otro lado habría pasado completamente inadvertido pero que en Cuba constituyó un hecho “inédito”. Incluso más: para el Granma se trató de un intento de “golpe blando”. Lo mismo denunció Juventud Rebelde, con un programa especial donde la protesta aparece como un “show anticubano”. “Para el especialista en medios de comunicación Javier Gómez Sánchez, lo sucedido durante estos días con el denominado Movimiento San Isidro es evidentemente el montaje de un guion de golpe blando, semejante al aplicado en otros países como Ucrania y Bielorrusia”. Quienes participaron serían en el mejor de los casos tontos útiles y en el peor desestabilizadores a sueldo de Miami.

El artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero y coautor de la canción/himno “Patria y Vida” Maikel Castillo Pérez “Osorbo” –disidentes y referentes del MSI–, fueron condenados este mes a 5 y 9 años respectivamente “por delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, atentado, resistencia y desórdenes públicos”, informa la Fiscalía General de la República. “El Tribunal, en el caso de Otero Alcántara, argumentó –prosigue la Fiscalía– el ánimo expreso, sostenido en el tiempo, de ofender a la bandera nacional, mediante la publicación de fotos en redes sociales donde se le utiliza en actos denigrantes, acompañados de expresiones notoriamente ofensivas e irrespetuosas, menospreciando los sentimientos de nacionalidad y orgullo que le profesa el pueblo cubano a nuestra enseña patria”.

Alcántara fue acusado por su performance Drapeau (2019) que –recuerda el diario El País– consistió en llevar la bandera cubana sobre su cuerpo durante un mes (por la calle, al ir al baño, al montar en autobús, al hacer cola en un comercio) para llamar la atención sobre el derecho de todos a usar la bandera nacional tras la promulgación en la Isla de una nueva “Ley de símbolos”.

A esta altura de esta columna, muchos de quienes llegaron hasta aquí estarán preguntándose ya en voz alta: ¿y el bloqueo? Vayamos ahí.

El embargo/bloqueo es un arma imperialista inmoral e ineficaz para los fines que se dictó. Es tan ineficaz que ha fortalecido a los sectores más estalinistas del régimen cubano, ya que sirvió siempre para cancelar la disidencia y el pensamiento crítico. Pero esta lógica cancelatoria es más amplia, predominó en todo el mundo del llamado “socialismo real” con o sin bloqueos, y las formas de actuar de las diferentes oficinas de la “Seguridad del Estado” fueron similares. Al final, siempre se puede apelar a las amenazas externas para ajustar los tornillos. Rumania, por ejemplo, mantuvo la represión y el espionaje masivo incluso en su momento de mejores relaciones con Occidente e Israel. Como muestra la excelente película Tipografía mayúscula, basada en los archivos de la policía política, una simple inscripción con tiza en una pared de Bucarest en los años 80, con una referencia a las huelgas del sindicato polaco Solidaridad, podía desencadenar una investigación alucinante de parte de la Securitate para dar con el culpable.

Como es sabido, la ideología oficial cubana combinó “comunismo” pasado por el tamiz de los manuales soviéticos y nacionalismo revolucionario con una idea monolítica de la nación y del pueblo que a la vez expulsaba de esa nación a cualquier disidencia y expropiaba los derechos ciudadanos de los emigrantes: esta es la lógica que aún sustenta al Partido Comunista como partido único. Desde 1959, todas las “organizaciones de masas” han sido estatizadas y no hay ninguna forma de autonomía –política, social o cultural– que no sea motivo de sospecha o blanco de la acusación de “hacer el juego al imperio”. Por ejemplo, la oficial Agencia Cubana de Rap es la encargada de decidir quién es un “verdadero” rapero, cuando ese género musical es un canal del inconformismo precisamente contra… el poder.

Para entender la lógica subyacente hay que volver una y otra vez sobre una observación del poeta comunista disidente Stephan Hermlin. Como recordó hace tiempo el traductor y editor Marc Saint-Upéry, en su relato autobiográfico (https://nuso.org/articulo/tres-derroteros-del-marxismo-pseudociencia-historia-ontologia/), el escritor estealemán confiesa que, durante cerca de 40 años, un extraño lapsus cognitivo le había impedido asimilar la formulación exacta de una famosa frase de Marx y Engels: “El libre desarrollo de cada uno es la condición del libre desarrollo de todos. Inconsciente y sistemáticamente, su mentalidad, forjada por el culto estalinista del colectivo orgánico encarnado en el Partido-Estado, lo llevaba a leer esta frase al revés: ‘El libre desarrollo de todos es la condición del libre desarrollo de cada uno’”. Un intelectual cubano amigo me comentó lo mismo: que aunque había leído muchas veces el Manifiesto Comunista, solo tomó en serio esa frase después de distanciarse del comunismo oficial a mediados de los años 90.

Esta disonancia cognitiva está extendida en el amplio mundo de unas izquierdas que siguen subestimando el valor de la libertad humana… las de la “la libertad para qué”; la libertad cuando no pone en riesgo los procesos revolucionarios; la libertad cuando hay garantías de que no será operativizada por una “revolución de colores”… “la libertad cuando nos gusta el producto de esa libertad”. Cuando la consigna “dentro de la revolución todo, contra la revolución nada” se lee como “dentro del Estado todo, contra el Estado nada (donde contra es simplemente fuera)”, la sociedad entra en un periodo de declive creativo y agobio intelectual y moral. Una atmósfera “gris” que da cuenta del periodo posrrevolucionario cubano.

Los delitos de “sedición” no pueden ser utilizados para juzgar una protesta callejera. El “ultraje” de símbolos o héroes patrios no puede justificar penas de cárcel. Cualquier militante de izquierda firmaría estas últimas dos sentencias. No deberíamos, entonces, crear “zonas de excepción” en relación con el derecho a protestar. Ni replicar argumentos de la Seguridad del Estado.

Pablo Estefanoni

Pablo Stefanoni: Periodista e historiador. Investigador asociado de la Fundación Carolina. Autor de ‘¿La rebeldía se volvió de derechas?’ (Clave Intelectual/Siglo Veintiuno, Madrid, 2021).

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