Globalización

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo de Panamá, que declaró “inconstitucional” el contrato de concesión de dos puertos críticos operados por CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, representa una escalada calculada en la diplomacia económica frente a la infraestructura estratégica china. Este movimiento, elaborado en un contexto jurídico interno, constituye una forma de lawfare, el uso estratégico de los sistemas jurídicos para lograr ventajas geopolíticas o económicas. Las respuestas inmediatas y contundentes tanto del gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) como del Ministerio de Asuntos Exteriores chino subrayan la valoración de Pekín de esta acción como una amenaza directa a sus intereses comerciales en el extranjero y una violación de las normas internacionales establecidas de negocios.

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Casi un año después de que el discurso de investidura del expresidente Donald Trump invocara a Panamá en un contexto de rivalidad económica, seguido por la visita estratégica del secretario Marco Rubio al país en febrero de 2025, y más recientemente por una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores panameño Javier Martínez-Achaa dos semanas antes de la decisiva sentencia del Tribunal Supremo que anulaba una importante concesión portuaria china. La transición posterior, marcada por la aparente preselección de un nuevo operador y la reticencia del Estado a asumir el control interino, ha alimentado aún más las sospechas de que la sentencia sirve como fachada para una realineación estratégica más amplia.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se pronunció sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y la Compañía Portuaria de Panamá para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. Mulino calmó a los trabajadores prometiendo que no serían afectados y programó una transición ordenada para la salida del PPC, y nombró al ingeniero Alberto Alemán Zubieta como coordinador, pero los observadores no creen que esto sea tan fácil, ya que CK Hutchinson y el gobierno chino impugnarán esta sentencia. El presidente panameño también anunció que nombraría APM Terminals Panama, una filial de AP Moller-Maersk, a que se encargue de los puertos en la transición.

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La sentencia no es un hecho legal aislado, sino que parece ser la culminación de una campaña de presión sostenida. Como señaló el comunicado de CK Hutchison, esta decisión es “la última de una serie de ataques injustificados” durante el último año. El objetivo de un contrato de casi 30 años, adjudicado mediante licitación internacional abierta y previamente ratificado por tribunales panameños, señala un cambio deliberado en la política. El valor estratégico de los activos, que son las terminales de contenedores Balboa y Cristóbal que flanquean el Canal de Panamá, trasciende su valor comercial. El control sobre estos nodos logísticos equivale a una influencia significativa sobre un punto estratégico marítimo global vital, lo que sugiere motivaciones geopolíticas subyacentes más allá de la mera revisión contractual.

Lo que genera aún más sospechas es la aparente preselección de una empresa, un movimiento detallado por Axios un día antes de los acontecimientos oficiales, junto con la falta de control directo e interino del gobierno sobre los puertos. Así se crea una percepción de resultados predeterminados, saltándose procedimientos transparentes y competitivos que mencionan los poderes ejecutivo y judicial de Panamá. En lugar de que el Estado gestione un activo nacional crítico durante la transición para garantizar la continuidad y salvaguardar el interés público, el camino parece alineado apresuradamente con un operador específico. Este enfoque no solo socava la intención de la sentencia judicial de corregir defectos procesales, sino que también sugiere que intereses geopolíticos o comerciales creados, en lugar de una política estatal abierta y deliberada, están impulsando la transición, arriesgando nuevos desafíos legales y erosionando la confianza pública en el proceso.

Las consecuencias operativas y estratégicas de esta ley son multinivel. En primer lugar, crea una incertidumbre legal y financiera inmediata para una empresa que ha invertido más de 1.800 millones de dólares en infraestructuras panameñas, poniendo en peligro directamente miles de empleos y un pilar de la economía nacional. En segundo lugar, y de forma más amplia, utiliza el poder judicial doméstico como arma para alterar unilateralmente acuerdos contractuales a largo plazo, sentando un precedente peligroso para el Estado de derecho y la confianza de los inversores en Panamá y potencialmente inspirando acciones similares en otros lugares. La advertencia del gobierno de la RAEHK de que esto “daña gravemente el entorno empresarial local” y “inevitablemente sacude la confianza de los inversores” es un análisis directo de los efectos de segundo y tercer orden de tales fallos.

La sentencia del Tribunal Supremo contra CK Hutchison puede interpretarse como una manifestación táctica de una mayor realineación estratégica estadounidense en el hemisferio, una forma de maniobra de engaño geopolítico conceptualizada en la Estrategia de Seguridad Nacional de la era Trump. Ese documento enmarcaba la competencia estratégica con China y Rusia como la principal preocupación de Estados Unidos y abogaba explícitamente por debilitar su influencia en el hemisferio occidental, tratando la región como un “campo de batalla crítico” a asegurar. La analogía del enroque, similar al movimiento de ajedrez para fortalecer al rey, implica que Washington apuntala su esfera tradicional de influencia atacando legal y diplomáticamente los nodos más vulnerables y de alto valor de la posición rival. Panamá, hogar del vital Canal, representa la “plaza del rey”. Al presionar a un aliado regional cercano para que utilice su sistema judicial interno y así impugnar la constitucionalidad de una concesión china de larga data, Estados Unidos permite una forma de legalización. Esta medida busca desplazar legalmente a un activo estratégico chino clave sin una confrontación directa con Estados Unidos, fortaleciendo así la primacía logística y económica estadounidense sobre el corredor marítimo más crítico del hemisferio, al tiempo que señala a otros estados regionales los riesgos y posibles costes de una profunda asociación china. La acción avanza el objetivo del NSS de “preservar los equilibrios regionales de poder” mediante el uso de herramientas legales para revertir la presencia física de un competidor, convirtiendo efectivamente un movimiento geopolítico defensivo en un envoltorio legal ofensivo.

La declaración del gobierno de la RAEHK enfatizó la coerción en las “relaciones económicas y comerciales internacionales”, presentando el asunto como una violación de las normas globales. Paralelamente, la declaración del portavoz chino del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, de que China “tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente” los intereses de sus empresas es una señal clara y de alto nivel de posibles contramedidas diplomáticas, legales y económicas. La respuesta unificada de Hong Kong y Pekín muestra una estrategia coordinada para defender los intereses económicos extraterritoriales de China. Esta respuesta de dos niveles indica que Pekín considera que los activos, aunque operados por un conglomerado de Hong Kong, son parte integral de las carteras comerciales y estratégicas nacionales.

La intención declarada de CK Hutchison de perseguir “todos los recursos legales, incluidos los procedimientos legales nacionales e internacionales”, apunta a la siguiente fase de este enfrentamiento dentro de una prolongada batalla legal y diplomática. El argumento de la empresa de que la sentencia contradice el propio marco legal de Panamá y los principios de buena fe está diseñado para cuestionar su legitimidad en múltiples frentes judiciales, potencialmente incluidos tribunales de arbitraje internacional. Este litigio inminente pondrá a prueba la resiliencia de las protecciones internacionales de inversión y el apalancamiento de las entidades comerciales respaldadas por el Estado.

La sentencia del Tribunal Supremo de Panamá posiblemente pudo haber influido en la presión estadounidense mediante leyes económicas con profundas implicaciones estratégicas. Aprovecha la autoridad judicial interna para desafiar el control extranjero de infraestructuras críticas, desencadenando una defensa robusta por parte de China que prioriza la santidad contractual y señala disposición a escalar. El resultado no solo determinará el destino de dos puertos, sino que también servirá como un indicador global de las vulnerabilidades y defensas de la extensa red de infraestructuras ultramarinas de China en una era de creciente competencia geoeconómica.

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Miguel Santos García es un escritor y analista político puertorriqueño que escribe principalmente sobre la geopolítica de los conflictos neocoloniales y las guerras híbridas en el contexto de la cuarta revolución industrial, la nueva guerra fría en curso y la transición hacia la multipolaridad. Visite su blog aquí.

Es investigador asociado del Centro de Investigación sobre la Globalización (CRG).

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