Globalización

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó ayer las conclusiones de la revisión anual que realiza de la economía de todos los países miembros. De acuerdo con el organismo, para que México cumpla con losobjetivos socioeconómicos enarbolados por el gobierno federal debe priorizar el incremento de los ingresos fiscales al tiempo que encaminarse a un sistema tributario más progresivo (en el que los sectores de ingresos más altos reciben mayor carga tributaria).

Aunque el FMI apunta un hecho incuestionable al señalar que México padece una recaudación fiscal preocupantemente baja, y atina al diagnosticar que el desarrollo nacional requiere una mayor contribución de los sectores que concentran la riqueza, varias de las políticas específicas que prescribe para corregir esos problemas contradicen de forma patente su intención. Así sucede, por ejemplo, con la recomendación de gravar los alimentos con el impuesto al valor agregado (IVA), medida agresivamente regresiva en tanto que la población pobre destina un porcentaje mucho más alto de sus ingresos a este rubro que las clases medias y altas. Lo mismo cabe decir de la idea de liberar al mercado los precios de las gasolinas con el argumento de que subsidiar el costo de los combustibles favorece ante todo a los ricos (identificados como poseedores de automóviles): tal pretensión no resiste un mínimo análisis, habida cuenta de que el precio de las gasolinas impacta de manera directa al transporte de las mercancías y, por conducto de éste, a todos los ar-tículos de consumo, incluidos los de primera necesidad.

Además de contradictorios, los consejos del FMI vertidos en la declaración final replican la sempiterna ceguera del organismo hacia las consecuencias sociales y políticas de su apego a la ortodoxia neoliberal. En efecto, es sorprendente, por decir lomenos, que se recete un programa de ajus-te fiscal a un país latinoamericano en mo-mentos en que el empecinamiento en impo-ner un paquete de medidas de la misma ín-dole ha llevado al gobierno de Ecuador a imponer el estado de excepción y suspender los más elementales derechos ciudadanos para reprimir al formidable movimiento de resistencia social que rechaza, en particular, el alza en el precio de los combustibles.

Por si no bastara con lo anterior, el FMI también recomienda al gobierno mexicano retomar un camino que fue derrotado de manera aplastante en las urnas en julio de 2018: el de librar el futuro de Petróleos Mexicanos a las asociaciones con la iniciativa privada, con la inevitable cesión de soberanía que ello acarrea. Aunque sea consistente con la línea del Fondo, no puede dejar de deplorarse que el organismo sugiera a sus miembros la adopción de políticas contrarias a la voluntad manifiesta de sus ciudadanos.

En suma, las recomendaciones del FMI reditan una tradición de injerencismo en los asuntos internos de los Estados soberanos, ilustran a cabalidad las contradicciones entre el discurso y los efectos del neo-liberalismo, y dan cuenta de una total desconexión entre las élites corporativo-burocráticas y el sentir de las sociedades para las cuales pretenden trabajar, por lo que sólo pueden esperar un absoluto rechazo de parte de éstas.

La Jornada